El ex director de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, se convirtió en el segundo ex funcionario que libra la acusación por el caso Rápido y Furioso, ya que una jueza federal determinó que no existen elementos probatorios que demuestren su responsabilidad.
Karina Almada Rábago, jueza Noveno de Distrito en el estado Sonora, determinó que, si bien la Fiscalía General de la República (FGR) presentó documentos, videos y testimonios de funcionarios estadunidenses sobre dicho operativo, ni una de esas pruebas señala que Cárdenas Palomino hubiese estado enterado de que agencias introdujeron armas a México para tratar de localizar a operadores de las organizaciones criminales.
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“En tales documentos no se hace mención alguna de Luis Cárdenas Palomino y, menos, señalamientos directos o indicios concretos en su contra de los que pudiera evidenciarse, de manera unívoca y objetiva, que probablemente haya tenido conocimiento de la operación ‘Rápido y Furioso’ y de la temporalidad de la misma, esto es, desde su inicio y hasta su conclusión (otoño de 2009 a enero de 2011), durante el periodo en que, presuntamente fungió como Coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito y como titular de la División de Seguridad Regional, ambos de la Policía Federal”, detalla la resolución.
MILENIO buscó a Luis Yasser, defensor de Cárdenas Palomino, quien explicó que la FGR acusó a su cliente de no impedir la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o sujetos a control, además de que aportó un total de 90 pruebas para sustentar la acusación.
Sin embargo, ninguna de ellas dio como resultado que Luis Cárdenas Palomino pudiera ser responsable del delito de comisión por omisión imputado.
“El resultado ha sido un auto de libertad por insuficiencia probatoria”, explicó.
El litigante dejó claro que la FGR aún puede apelar la resolución para que el fallo sea revisado por un Tribunal Colegiado.
Mencionó que se acotó la acusación a la introducción de armas por un tercero, inclusive con participación de testigos protegidos, pero no pudo, a partir de ese testimonio, relacionar a alguna autoridad mexicana, con respecto a la existencia de ese operativo, ni que estuvieran de alguna manera en conocimiento de ello para permitir el paso de armas.
“De manera primordial el argumento de la juez ha sido que no hay pruebas. No se debe dejar de observar que el operativo rápido y furioso estuvo oculto al gobierno Mexicano, basta atender las audiencias en el Congreso en Estados Unidos, donde claramente quienes participaron en el mismo, manifestaron bajo protesta de decir verdad que sus pares en México no lo sabían”, explicó.
Incluso, abundó, hay videos donde los mismos agentes norteamericanos narran que México no tenía conocimiento del operativo.
“Testimonios como esto se repiten en las audiencias, México no supo de ellos, sino hasta después de que falleciera el agente Bryan Terry y de ahí surgió un tema diplomático donde se exigió que se compartieran datos y conocer a detalle el operativo 'Rápido y Furioso'; también en diversa literatura que se ha publicado con motivo de ello, la literatura sirvió en la defensa…ahí vienen los datos de acceso a las audiencias y testimonios varios que soportan nuestra teoría de desconocimiento y en consecuencia la no actualización del delito que se imputa”, apuntó.
Es de mencionar, que hace meses el ex comisario de la Policía Federal, Facundo Rosas, también libró la acusación de manera definitiva y obtuvo su libertad.
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