Al determinar que todos los órganos del Poder Judicial de la Federación pueden analizar posibles violaciones a la Constitución o a Convenciones internacionales de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la expansión más importante de la última década del poder de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito.
Durante la sesión pública de este martes, el Pleno del máximo tribunal del país resolvió que todos los juzgados y tribunales tienen las mismas facultades de control de constitucionalidad y convencionalidad, conforme a lo que marca el artículo 1 de la Constitución.
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Nueve de los 11 ministros que integran el Pleno de la SCJN avalaron el proyecto de la ministra Norma Piña Hernández, el cual señala que “los órganos del Poder Judicial de la Federación en el juicio de amparo deben realizar control ex officio (de oficio) de constitucionalidad, tanto de las disposiciones procesales que aplican durante el trámite y resolución del juicio de amparo, como de cualesquiera otra norma sustantiva o adjetiva aplicadas en el acto reclamado, o en el procedimiento que le preceda, de las que tengan conocimiento en el juicio de amparo.”
Esta facultad de control de constitucionalidad estaba restringida según el criterio de algunos órganos jurisdiccionales, que consideraban que los Tribunales Colegiados de Circuito debían restringir el análisis de sus casos de amparo a temas solo de procedimiento.
Esta nueva resolución les permitirá que, si encuentran alguna que en el caso específico una autoridad actúa con base en una norma contraria a la Constitución, pueden ordenar que ésta no se aplique.
El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, destacó que esta decisión “genera dar un paso decisivo hacia adelante en una protección completa de los derechos humanos en México, superando un precedente que me parece frustraba los beneficios de la reforma constitucional de 2011”.
DMZ