La detención y sentencia de Gerardo Domínguez Sánchez a 18 años y 9 meses de prisión por su participación en el delito de trata de personas en agravio de su hija de 14 años de edad marca un precedente en el Estado de México, ya que en junio fue el primer condenado en la entidad mexiquense por la modalidad de “entregar a una persona con fines de explotación”.
Situación que, de acuerdo con la fiscal especializada en Trata de Personas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Guillermina Cabrera Figueroa, estaría relacionada con factores de vulnerabilidad como la falta de estudio, pobreza y deudas, cuyas víctimas en su mayoría son menores de edad.
De acuerdo con las investigaciones, este delito ocurrió en Villa Victoria y la información apunta que Gerardo era un padre de familia que junto con su esposa carecían de estudios, compartían problemas de alcoholismo, eran de escasos recursos y no tenían un trabajo fijo.
La indagatoria establece que en 2019 entregó a su hija de entonces 14 años de edad a uno de sus vecinos porque adquirió una deuda por una carga de leña y mil pesos, pero al no tener solvencia, fue que ofreció a la menor para realizar quehaceres domésticos.
El alcoholismo de Gerardo lo orilló a que continuara incrementando su deuda, por lo que llegó a ser imposible de saldar. En octubre de ese mismo año la joven fue encerrada y amarrada en un cuarto, obligada a realizar trabajos de limpieza, atención a una adulta mayor, ganadería y finalmente, fue abusada sexualmente en múltiples ocasiones.
Logró escapar en diciembre de 2019, pidió apoyo a sus padres, pero solo lograron llegar al acuerdo de mantenerla unos cuantos meses para cuidar a su madre que tuvo cirrosis por su adicción al alcohol. Murió en julio de 2021 y el día del sepelio, el hombre al que fue entregada habría intentado llevársela de nueva cuenta como acordó con su padre, pero por recomendación de sus familiares escapó y denunció a las autoridades.
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Pobreza y sin registro ante la ley
La fiscal explicó que esta familia de seis integrantes residía en el municipio de Villa Victoria, el cual en 2020 registró un 71.9 por ciento de sus habitantes con pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y ante la ley no había registro de su existencia porque no había sido dada de alta en el registro civil.
“La adolescente tenía situaciones de vulnerabilidad y de acuerdo al perito criminólogo, ella era una víctima que le llaman ‘ideal’ o una ‘víctima inocente’, porque para empezar no tenía identidad, no tenía registro como ser humano, o sea, nunca la registraron en el registro civil”.
En el caso particular de esta joven, tenía diversas líneas de carencia, desde el lugar en el que creció, cómo se desarrolló, y las oportunidades de estudio.
“Son factores que le llaman de vulnerabilidad… la vulnerabilidad consiste en que un ser humano, desde que nace, carece de herramientas para defenderse, ante situaciones como estas, en el caso de la extrema pobreza, ahora sí que la falta de educación porque también los padres no tenían ninguna clase de educación y aparte entre su pobreza, de no tener herramientas como subsistir, pues caen en situaciones de abuso de otras personas que los ven vulnerables”.
El caso de la joven es considerado como un antecedente porque su padre fue el primer sentenciado en el Estado de México por el delito de trata de personas en la modalidad de “entregar a una persona con fines de explotación”, sin embargo, ella ahora recibe apoyo psicológico, fue rescatada y se les dieron actividades para fomentar su recuperación a través de distintas instituciones del estado.
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Creció el número de carpetas de investigación en los últimos 6 años
La incidencia por este delito de trata creció en los últimos años en el Estado de México, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En seis años, la cifra de carpetas de investigación aumentó más de siete veces y la tendencia se mantiene.
En 2017 fueron abiertas 32 carpetas de investigación por este delito; mientras que em 2018 disminuyó a 26, pero para 2019 la cifra sumaría 71 incidencias. En 2020 la estadística arrojaría 90 carpetas de investigación; en 2021 casi se duplicó con 178 y en 2023 alcanzó su máximo récord con 241.
Si bien de enero a septiembre de 2023 hay abiertas 151 investigaciones por este delito, lo cierto es que, de mantener esa tendencia, se igualarían los datos del año anterior inmediato.
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Top 10 de municipios con denuncias por trata de personas; menores son las víctimas
Las denuncias han sido integradas en su mayoría en los municipios mayormente poblados y que a su vez cuentan con instituciones para emitir una queja.
Datos oficiales arrojan que en los primeros siete meses del 2023 los municipios en los que reina la problemática son: Toluca, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Atlacomulco, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, San Mateo Atenco, Metepec y Zinacantepec.
En los últimos años los municipios que han encabezado las lista en este delito son Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Metepec, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, San Mateo Atenco, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Zinacantepec.
Los rostros del delito se manifiestan de diversas maneras y es de acuerdo con la fiscal Guillermina Cabrera, existe la trata en la modalidad de comercio de personas y obtengan también un beneficio, con fines de explotación, prostitución sexual, turismo sexual, exhibiciones públicas privadas, pornografía infantil, condición de ciervo por deudas, ciervo por el trabajo forzada, concubinato, matrimonio servil, adopción ilegal, entre otros.
Reportes de la fiscalía estatal retratan que la mayoría de víctimas comparten características en común como son el ser mujer o menor de edad, residir en algún municipio con marginación, entre otros.
El 18 de agosto de este año fue sentenciada en Nezahualcóyotl, Antonia Perla Torres a 28 años de prisión por el delito de trata de personas al prostituir a su hija menor de edad, mientras que Jorge Carlos Vega, el cliente, obtuvo una condena de 17 años por conocer del delito y solicitar los servicios.
En ese mismo municipio el 27 de agosto, Griselda Hernández Martínez y Juan Velázquez obtuvieron 15 años de cárcel por explotar laboralmente a un niño indígena; mientras que el 3 de septiembre lograron detener a María de Jesús “N” por retener y explotar a cuatro personas en Teoloyucan.
En uno de los casos más reciente, el 24 de octubre Carlos “N” y María Isabel “N” fueron detenidos en Teotihuacán por las autoridades por obligar a su hija a vender alimentos en la calle, lo que retrata que el fenómeno tiene diversas causas.
“¿Qué es lo que hemos detectado? Tal vez la trata doméstica… en el sentido de que las familias por la extrema pobreza, por la falta de educación, por el desconocimiento, hay padres o madres que forman una familia, pero después el padre se ausenta por las razones que puedan decir ellos y dejan a la madre con hijos… varias de las madres que tenemos en la cárcel y con sentencia es porque venden a sus hijas para explotación sexual o también ella se vuelven alcohólicas o adictas y resulta que les es fácil poner a sus hijos a vender”.
La fiscal reconoció que este problema tiene matices, sin embargo, la fiscalía estatal trabaja de la mano de organismos nacionales e internacionales para capacitar a sus elementos, identificar los casos, atenderlos con protocolos especiales y mantener la instrucción con diversas instituciones del estado para combatir este flagelo de manera institucional.
“Hay casos muy lamentables que la propia comunidad lo ve, pero no lo denuncia, entonces es muy importante que las instituciones, en este caso de procuración de justicia demos certeza y confianza a la gente para que denuncie. Entonces en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tenemos la encomienda de que sea esta fiscalía eficaz y que sea con certeza que dé el seguimiento a los asuntos que las personas que denuncian”.
MO