En una reunión a puerta cerrada, madres y padres de los 43 solicitaron al Poder Judicial de Guerrero que haya un deslinde público de las autoridades que en 2014 encabezó la ex magistrada Lambertina Galeana Marín, ya que la desaparición de los videos captados la noche del 26 de septiembre constituye un acto de encubrimiento que impidió saber el destino la mitad de los estudiantes desaparecidos.
Los padres de los 43 sostuvieron una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez y el subsecretario de Asuntos Políticos del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros por espacio de dos horas.
Hablaron fundamentalmente de las consecuencias que ha tenido la acción de desaparecer los videos captados la noche del 26 de septiembre de 2014, en las cámaras de vigilancia ubicadas en la parte frontal del Palacio de Justicia de Iguala.
Los jefes de familia agraviados por los hechos suscitados la noche del 26 de septiembre de 2014 llegaron a la Ciudad Judicial, ubicada en la parte sur de Chilpancingo desde las 16:00 horas, a pesar de que la reunión estaba concertada para después de las 17:00.
Contaron con el acompañamiento de su abogado Vidulfo Rosales Sierra y del vocero Melitón Ortega Carlos.
El encuentro es parte de los acuerdos que se tuvieron la jornada del 6 de agosto, cuando se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en la residencia oficial Casa Guerrero.
La reunión se desarrolló a puerta cerrada, pero al término se emitieron declaraciones a los medios de comunicación.
Desde septiembre de 2014, los papás y mamás de los normalistas desaparecidos han reclamado al Poder Judicial de Guerrero, que facilite las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala
En su momento, la entonces presidenta del TSJ declaró a los medios que los materiales de video fueron destruidos porque en realidad solo eran manchas borrosas y no tenían utilidad.
Este jueves, el abogado Rosales Sierra señaló que los videos desaparecidos, podrían contener los momentos en que fueron interceptados por lo menos la mitad de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa.
Con ese material, indicó que de manera indudable, la investigación sobre el caso hubiera dado un vuelco, porque se tendrían más elementos para conocer la suerte que corrió la mitad de los jóvenes.
En consecuencia, destacó que las autoridades que estaban al frente del TSJ en 2014 incurrieron en dilación y encubrimiento, lo que justifica una investigación sobre los responsables.
El presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez manifestó a los papás y mamás agraviados, que en dicho Poder hay disposición para hacer las cosas bien, aunque les aclaró que siempre es conveniente hablar con la verdad.
“Más vale un rato colorado, que mucho tiempo descolorido”, anotó.
La investigación sobre la desaparición de los videos, dijo que en su momento fue atraída por la Fiscalía General de la Repùblica (FGR), por lo que es dicha instancia la que tiene la obligación de indagar qué es lo que sucedió.
Reconoció que hay la posibilidad de iniciar procedimientos administrativos internos, pero también señaló que a casi diez años de ocurridos los hechos, el término para investigar ya prescribió.
Que por lo menos haya un deslinde público
El abogado Vidulfo Rosales estableció que de manera indudable, quienes dirigían al Poder Judicial en 2014 cometieron una gran responsabilidad jurídica y siempre hubo elementos para investigar lo que sucedió.
Al paso del tiempo, ante el problema que representa la prescripción, el litigante aseveró:
“Por lo menos que se haga un deslinde público de aquellos hechos, que las autoridades actuales se deslinden de lo que pasó”.
De cualquier manera, refirió que se hará una valoración de lo que se puede hacer, tanto en materia penal como administrativa.
Cuestionado sobre las acciones que año con año se registran en Palacio de Justicia de Iguala, Rosales respondió que es consecuencia del enojo que existe contra el TSJ como institución.
“Existe una responsabilidad, estamos hablando de que si hubieran actuado de manera diligente y puesto esas evidencias a disposición, probablemente el curso del caso sería otro, pudo dar un vuelco respecto al paradero de los jóvenes”.
Y sentenció: “Pero las autoridades de ese tiempo callaron, encubrieron y cayeron en dilación”.
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