La periodista Carmen Aristegui arribó esta mañana al Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Sur para participar en el juicio que la Fiscalía General de la República (FGR) emprendió por el caso de espionaje con el software Pegasus.
El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna fungirá como el instructor en el Tribunal de Enjuiciamiento donde se acusa a Juan Carlos García Rivera, empleado de la empresa KBH, la cual se encargó de ser la proveedora del software. La FGR busca una condena de 16 años de cárcel por el delito de intervención de comunicaciones.
Carmen Aristegui confió que el Ministerio Público Federal aporte las pruebas para castigar a los responsables de usar el software.
En mayo de este año, la FGR judicializó una nueva carpeta de investigación contra el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y contra tres ex funcionarios de primer nivel, a quienes se imputa delitos por la supuesta contratación y adquisición del sistema de espionaje Pegasus.
Según la pesquisa, en el contrato avalado en 2014 presuntamente participaron ex servidores públicos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), como la ex Oficial Mayor, Judith Aracely Gómez Molano; el ex titular de la Policía Federal Ministerial, Vidal Díaz-Leal Ochoa, y el ex director de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), Rigoberto García Campos.
Los delitos imputados son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.
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El monto de la operación, informó la FGR, fue de 460 millones de pesos, por un sistema que no lo tiene esta nueva administración y “que nunca lo ha usado” la dependencia, y que fue adquirido ilícitamente.
La institución dejó claro que esta investigación es independiente a otra ya judicializada, en razón de diversas intervenciones ilegales que Pegasus realizó en la administración pasada y de las que se cuenta con vinculaciones a proceso.
Desde hace dos años la FGR tiene en marcha una pesquisa por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos.
El 26 de agosto de 2021, el Ministerio Público Federal obtuvo una orden de aprehensión contra de Juan Carlos García Rivera, quien trabajaba para la empresa Proyectos y Diseños VME, la cual forma parte del grupo empresarial KBH, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones, todo ello como coautor material de dicho hecho delictivo.
En este caso se solicitó aplicación de la agravante prevista en artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión.
El 1 de noviembre de 2021, se cumplimentó la orden de aprehensión contra Juan Carlos García y fue puesto a disposición de la autoridad judicial. El 6 de noviembre de dicho año, el juez de control determinó vincular a proceso al imputado, y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones.
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