Pelea PGR con INAI, Hacienda, jueces...

La Procuraduría General de la República protagonizó una serie de desencuentros con el INAI, la Secretaría de Hacienda y con los jueces federales por los asuntos de Odebrecht, Karime Macías y por los criterios judiciales que le han tumbado sus casos y que para el Ministerio Público solo generan “impunidad”.

Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, aseveró que Brasil se niega a entregar información del caso de Odebrecht, la cual es indispensable para fortalecer la carpeta de investigación que se integra y en la que se indaga a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, así como a otros ex servidores públicos.

El funcionario aseguró que la indagatoria está avanzada, pero la nación sudamericana se resiste a entregar la información requerida.

Respecto a la decisión del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública que ordenó a la PGR dar a conocer una versión pública de la investigación del caso Odebrecht, el subprocurador dijo que valorarán si lo hacen.

“Nos piden una versión pública, vamos a valorar y si en un momento dado la tenemos que dar, la damos”, dijo Muñoz Vázquez.

Al respecto, Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del INAI, calificó de “inverosímil” que las autoridades de Brasil no hayan otorgado información a la PGR para trabajar y dar a conocer los avances del caso Odebrecht.

En entrevista con MILENIO, el funcionario aseguró que la PGR tiene que cumplir con lo resuelto por el instituto ya que, recordó, fue el propio ex procurador general de la República Raúl Cervantes quien a finales de 2017 informó que ya se había concluido la investigación.

“Entonces no puede ser que ahora digan que no han recibido la parte de la cooperación de Brasil”, expresó.

DESDE 2016

Muñoz Vázquez y Carlos Hernández Azuara, director general de la subprocuraduría, revelaron que desde 2016 la PGR cuenta con una denuncia por defraudación fiscal contra Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, pero la Secretaría de Hacienda no ha presentado querella en su contra.

En la gestión de Duarte, su esposa Karime asistía a las reuniones de gabinete y era quien decidía a qué empresas debían entregarse los contratos que se firmaban con el gobierno de Veracruz.

Lo anterior consta en la declaración que el ex tesorero Antonio Tarek Abdalá rindió ante la PGR el 23 de mayo del presente año, y que sirvió como uno de los datos de prueba para solicitar la condena de nueve años de prisión contra Duarte y que fueron expuestos en la audiencia de la semana pasada.

DELITOS FINANCIEROS

El subprocurador también arremetió contra los jueces federales, cuyos criterios, afirmó, están generando “impunidad”.

Durante una reunión donde explicó los avances y pendientes en el caso de Duarte, y de otros ex funcionarios, Muñoz Vázquez declaró que los jueces tienen criterios distintos sobre la forma en que el Ministerio Público federal puede solicitar información financiera de las personas que investiga.

“Saca un criterio (la Suprema Corte), en el sentido de que toda información financiera que se solicite tiene que ser por control judicial; muy de acuerdo, pues adelante, nuestra magnánima Corte tiene esos y otros criterios.

“Si yo en aquel entonces hubiera sido clarividente y hubiera dicho la Corte va a solicitar ese criterio y hubiera solicitado algún juez de procesos, de medidas cautelares y hubiera dicho autorízame solicitar la información a la Comisión Nacional Bancaria, qué me hubiera contestado el juez: tú tienes facultades, tú Ministerio Público la ley te faculta para solicitarla directamente…pues no, han hecho valer ese criterio retroactivamente, como no lo solicitaste por juez de control, prueba ilícita. Maravilloso, a mí me parece que eso es impunidad”.

MILENIO consultó a funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal sobre esta declaración; indicaron que no habrá ninguna declaración y subrayaron que son respetuosos de las decisiones que emiten los jueces.

En los últimos meses, la PGR ha sufrido reveses porque la Suprema Corte ha otorgado amparos a personas que se encuentran bajo investigación, quienes alegaron que la información o aseguramiento de cuentas bancarias se realizó sin orden judicial.