Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), aseguró que el penal de El Castillo en Mazatlán no tiene un control definitivo sobre su situación interna y requiere medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad (PPL), tras dos riñas que en dos días sumaron 12 víctimas mortales, entre ellas un menor, y otras 16 personas heridas.
“Con lo que sucede hoy, se plantea que no existe un control definitivo al interior del penal y que tiene que haber medidas extraordinarias para garantizar la seguridad”, afirmó.
Ochoa indicó que la Comisión abrió expedientes desde que tuvo conocimiento del primer enfrentamiento y emitió medidas cautelares para que las autoridades tomaran precauciones y protegieran tanto a las PPL como a las familias que se encontraban de visita en el centro penitenciario.
“Abrimos los expedientes desde que tuvimos conocimiento del caso. Desde la primera hora emitimos las medidas cautelares que este tipo de casos requieren”, declaró.
Asimismo, señaló que a pesar de que se inició una nueva investigación por el segundo enfrentamiento, ocurrido durante la madrugada siguiente y en el que murieron dos personas más, la Comisión había advertido sobre deficiencias en distintos centros penitenciarios de Sinaloa, particularmente en materia de seguridad, atención a la salud y prevención de incidentes al interior.
Construcción de una nueva cárcel en Sinaloa
La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, anunció que el gobierno federal autorizó la construcción de un nuevo centro penitenciario en el estado.
Por ello, Loza consideró que la construcción de un nuevo penal podría contribuir a reducir la sobrepoblación en el sistema penitenciario estatal, pero que esta medida no resolverá por sí sola las demás deficiencias.
Por último, agregó que mantendrá el acompañamiento a las familias afectadas y reiterará las medidas cautelares para que las autoridades penitenciarias adopten acciones que garanticen la seguridad dentro del centro.
AG