Los ocho penales federales concesionados a particulares, que cuestan casi 10 mil millones de pesos cada año y seguirán pagándose hasta 2032, operan 43.2 por ciento por debajo de su capacidad, cuando en el sexenio de Felipe Calderón se justificó su adquisición por la falta de espacios para albergar presos federales.
Se trata de cárceles que además carecen de suficientes oficiales en prevención penitenciaria, guardas de custodia, médicos, criminólogos y juzgados, necesarios por el “riesgo para albergar personas privadas de la libertad con situación jurídica de procesadas, por la dificultad en la mecánica operativa de los egresos temporales para atender su debido proceso”, informó el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) el sexenio pasado.
Un caso destacado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de esos contratos es el del penal federal 17, ubicado en Michoacán —que tuvo retrasos en su construcción por razones de seguridad, al ubicarse en Buenavista Tomatlán—, ya que a pesar de contar con espacio para albergar a 2 mil 520 reos, en junio de 2018 tenía una ocupación de 697 personas, solo 27.7 por ciento de su capacidad, “lo que significó que los recursos destinados al Cefereso CPS no son aprovechados ciento por ciento”.
La Auditoría Superior de la Federación apuntó que se acordó con el proveedor “el incremento en el pago anual de referencia, debido a los retrasos ocasionados por las condiciones de inseguridad que generaron costos adicionales a los previstos”.
Estas observaciones se desprenden del informe de la Cuenta Pública 2017, la cual también precisa que si bien estos contratos de prestación de servicios para la operación de penales federales fueron suscritos en 2011, en la administración anterior terminó pagándose un sobrecosto de 40 mil millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda autorizó 199 mil 476.6 millones de pesos para la operación de los ocho Centros Federales de Readaptación Social bajo esa modalidad, “en la cual los costos unitarios tuvieron un incremento hasta de 27.2 por ciento, el cual no fue justificado por la entonces SSP o el OADPRS, lo que significó un sobrecosto por 41 mil 26.400 millones de pesos”, detectó la ASF, por lo que solicitó la intervención del Órgano Interno de Control responsable de esos penales.
Para el pago de estos penales, la Secretaría Hacienda autorizó que, a partir de diciembre de 2010 y hasta diciembre de 2032, se pagaran 9 mil 973 millones 830 mil millones de pesos anualmente en un plazo de 20 años.
De acuerdo con la ASF, entre 2012 y 2017 el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social pagó 40 mil 586.7 millones de pesos por la operación de siete penales operados por privados (aún no operaba el de Coahuila que inició operaciones hasta julio de 2018) y solo en 2017 el pagó ascendió a 11 mil 532.6 millones de pesos que representa 49.3 por ciento del total del gasto en la operación del sistema penitenciario federal que sumó 23 mil 372.8 millones de pesos.
En tanto, en 2010, la entonces Secretaría de Seguridad Pública argumentó que otorgar los contratos de prestación de servicios en penales federales fue porque existía un déficit de aproximadamente 41 mil 946 espacios penitenciarios para el fuero federal.
Sin embargo, el promedio anual de personas privadas de su libertad en los siete penales (el Cefereso ubicado en Coahuila no fue incluido debido a que entró en operación hasta julio de 2018) operados por particulares en promedio fue de 11 mil 799, es decir, contaban con una disponibilidad promedio de 33 por ciento, pero para junio de 2018 esos penales albergaban a 10 mil 13 personas, es decir, contaban con una disponibilidad de 43.3 por ciento de sus espacios.
Actualmente en el país hay 20 penales federales, de los cuales ocho lo hacen bajo el esquema de prestación de servicios, es decir, la operación está a cargo de particulares, mientras que las autoridades penitenciarias son responsables de la seguridad y la atención a los internos.
Apenas van tres entidades de 17.Urgen a Congresos locales a aprobar la reforma de la Guardia Nacional
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, llamó a los congresos locales a aprobar a la brevedad la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, ya que hasta el momento solo en tres entidades han ratificado dicho procedimiento: Campeche, Chiapas y Guerrero.
Instó igualmente a las fracciones parlamentarias en el Congreso a trabajar cuanto antes en las leyes reglamentarias para darle viabilidad a la nueva corporación: la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Sobre el Uso de la Fuerza y la Ley del Registro de Detenciones, así como las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Estamos listos para trabajar a la brevedad en la elaboración de estas leyes de manera abierta, como lo hemos hecho, a través del parlamento abierto”, dijo.
Remarcó la importancia de un trabajo coordinado entre representantes del Congreso y del gobierno federal, especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil para la construcción de los nuevos instrumentos legales.
Detalló que en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, se establecerán derechos y obligaciones de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, así como la sujeción del uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad.