Rezago en investigaciones, un número desproporcionado de funcionarios con puestos altos, compras multimillonarias sin justificación y renta de edificios a precios exorbitantes, son algunas de las irregularidades encontradas en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), informó el fiscal Alejandro Gertz Manero.
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A 100 días de la creación de la Fiscalía General de la República, Gertz Manero afirmó que la PGR "se convirtió en un verdadero verdugo de sus enemigos políticos, mientras encubría en forma permanente a los cómplices del poder", lo cual llevó al país a un grado de intolerancia.
Dijo que para revertir esta situación se emitirá una ley orgánica para proponer la reorganización de la institución, esto en un plazo de un año.
Investigaciones sin resolver
De acuerdo con el funcionario, se encontró un rezago injustificado de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver.
"No se encontró control ni centralización de las denuncias o querellas presentadas, ni había un sistema de oficialía de partes en la Ciudad de México y en toda el país (…) cada unidad podía recibir los casos que quería o le convenía, sin ningún orden ni verificación.
"El promedio general de eficiencia terminal favorable, en sentencias definitivas judicializadas, no alcanzaba más del cinco por ciento del volumen total de asuntos tramitados", declaró.
Añadió que había Ministerios Públicos que no tenían asignada ninguna carpeta o averiguación, así como denuncias que podían quedarse meses o años sin determinarse.
Ante la inexistencia de un sistema para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes, se generó un rezago de más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en igual situación. Para el caso de los servicios periciales, el rezago en la emisión de dictámenes era de más de 3 mil.
Seguridad a funcionarios
Se determinó que hay 4 mil elementos policiacos de la FGR, de los cuales 800 prestaban servicios de protección y seguridad a funcionarios, ex funcionarios, políticos y personas diversas.
"Existía una evidente anarquía en la estructura administrativa, con áreas de atención a la ciudadanía con grave escasez de personal de apoyo; mientras que, por otro lado, había áreas no prioritarias, con exceso de personal desperdiciado o subutilizado", dijo.
Refirió que se encontró con "un número desproporcionado de funcionarios de alta jerarquía, así como plazas eventuales y contratos de honorarios, con elevadas percepciones, sin que estuvieran establecidas con precisión sus obligaciones laborales, ni su vinculación y evaluación de resultados y productividad".
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Dijo que no había control del gasto corriente autorizado, el cual "se aplicaba en forma anárquica y con un despilfarro evidente en gastos no justificados o inútiles".
Indicó que se halló una falta evidente de control sobre el uso y el estado de la flota de transporte terrestre, compuesta por un total de 4 mil vehículos, entre propios y arrendados, que incluye un gran número de unidades blindadas, para uso de altos funcionarios y sus allegados.
Se utilizaba "en forma irracional la flota aérea", en actividades que, en poco o nada contribuían a las funciones de procuración de justicia, mientras se destinaban a fines impropios, con altos costos por seguros, salarios y mantenimiento.
“Se encontraron compras multimillonarias de aeronaves sin justificar su necesidad ni su costo-beneficio; y las cuales se adquirieron a precios evidentemente inflados y con un propósito injustificado”, dijo.
Mencionó que en 2013, la PGR adquirió un avión Bombardier Challenger 605 transcontinental, con un precio que ascendió a 19.5 millones de dólares, mientras que el precio real de comercialización señalado en los sistemas de valuación internacionales era de 15.5 millones de dólares.
Oficinas vacías
Apuntó que en 2013 y 2015, se realizó una inversión de más de mil millones de pesos, en la adquisición, mantenimiento, capacitación y seguros de drones, mediante adjudicación directa sin contar con un estudio de necesidades y de costos competitivos ni un informe de resultados que pueda demostrar su utilidad en judicializaciones concretas.
Detectaron una falta de control en la utilización de la infraestructura inmobiliaria, con edificios rentados a precios exorbitantes, con muchas deficiencias en su funcionalidad; mientras que, por otro lado, existen propiedades de la PGR vacías y abandonadas; en tanto que seis inmuebles que fueron otorgados para su venta oficial en el INDAABIN, se desviaron hacia intereses particulares.
Añadió que los gastos de Seguridad Pública “se aplicaron en forma irracional y sospechosa”, sin mecanismos de supervisión adecuada, lo que propiciaba que el presupuesto se ejerciera de manera discrecional e inexplicable, que en ocasiones permitieron gastar más de 144 millones de pesos, en una sola área, que no había ejercido durante años, recursos significativos en ese rubro.