La Procuraduría General de la República no garantizó una procuración de justicia eficaz, imparcial, transparente y expedita, porque en 2018 persistió el rezago de 14 mil 484 averiguaciones previas, predominó el no ejercicio de la acción penal, y la consignación fue mínima en el sistema de justicia penal tradicional, señaló la Auditoría Superior de la Federación.
En dicho año, la PGR despachó 61 mil 969 (81.1 por ciento) y de éstas únicamente 966 (1.6 por ciento) se consignaron a los órganos jurisdiccionales, “por lo que se estimuló el abuso del no ejercicio de la acción penal a consecuencia de priorizar la rapidez antes de procurar que los delitos no quedaran impunes”.
En 2019, ya como Fiscalía General de la República acreditó la creación de un subgrupo de trabajo como estrategia para liquidar las averiguaciones previas en trámite, pero no contó con mecanismos para la supervisión de la calidad técnico-jurídica de las averiguaciones previas despachadas.
En cuanto al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, añadió la ASF, éste tuvo como uno de sus objetivos garantizar la agilidad y eficiencia en los asuntos que recibe el MPF para evitar su rezago, aunque con la auditoría se constató que dicho objetivo no se cumplió, ya que, durante 2018, el MPF contó con un rezago de 21 mil 641 carpetas de investigación y respecto de las 127 mil 158 que se atendieron ese año, 18 mil 490 (14.5%) se judicializaron o se reparó el daño, mientras que 108 mil 668 (85.4%) se enviaron a archivo temporal, se declaró incompetencia, se acumularon a otras indagatorias, se abstuvo de investigar o bien, no se ejerció la acción penal, cifra superior a la registrada en 2017.
El porcentaje de delitos denunciados que tuvieron una consecuencia punitiva contra quienes los cometieron apenas representó 14.5% del total de carpetas de investigación que el MPF integró, por lo que aun con las modificaciones al proceso penal persistió un alto riesgo de impunidad, aspecto que redundó en que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018.
bgpa