La Procuraduría General de la República sabía que la investigación contra Sandra Ávila Beltrán, "La reina del Pacífico", pendía de un hilo desde el inicio y que su carta más fuerte era que Estados Unidos la extraditara para mantenerla en la cárcel.
En México, la prueba más importante de la PGR era un "testigo a oídas", quien aseguró que Ávila Beltrán y su pareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinoza Ramírez, "El Tigre", colaboraban en el tráfico de cocaína y lavado de dinero de Ismael "El Mayo" Zambada, líder absoluto del cártel de Sinaloa.
Paulo Alejandro Espinosa Rodríguez, sobrino de "El Tigre", declaró a la PGR que supo por comentarios de terceras personas, que la pareja se dedicaba al narcotráfico, además de que su tío conocía a una persona de nombre "Nacho" (Ignacio) Coronel, éste último era una cabeza de ese cártel y que años después sería abatido durante un operativo.
Cuando la "La reina del Pacífico" fue llevada a la rejilla de prácticas del juzgado 18 de distrito de procesos penales federales en el Reclusorio Norte, el 3 de octubre de 2007, la oficial judicial la enteró de que Paulo declaró que sospechaba que su tío y ella eran narcotraficantes por la forma tan "ostentosa con que vivían", y por los negocios que ambos manejaban en Guadalajara y en otros estados del país.
Paulo nunca afirmó haber visto a "El Tigre" o "La reina del Pacífico" con narcotraficantes, sino solo lo sospechaba por la fortuna que ambos tenían.
En el expediente 108/2002 se señala que a Ávila Beltrán (también conocida como Paula Orozco Lizárraga, Pamela Fuentes León, Sandra Luz Arroyo Ochoa o Daniela García Chávez, entre otros) se le aseguraron compañías inmobiliarias en Sonora y Nayarit, así como al menos 225 propiedades, mientras que en Jalisco se aseguraron salones de bronceado.