La Procuraduría General de la República (PGR) utilizó testigos protegidos para acusar al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quienes los señalaron de tener presuntos nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el grupo criminal Guerreros Unidos.
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Lo anterior consta en la causa penal 12/2017, la única que le queda por enfrentar al matrimonio, caso que está a punto de venirse abajo porque los testimonios de los principales denunciantes fueron invalidados en otros procesos penales, debido a que se obtuvieron bajo tortura.
En la causa que consta de 58 tomos se detallan las declaraciones que hicieron testigos colaboradores, uno de ellos en 2005, y los otros en octubre, noviembre y diciembre de 2014.
Una de éstas relata que los ex servidores públicos “participaban en las actividades de recepción e introducción de cocaína a territorio nacional en lanchas en Guerrero”, pues formaban parte en ese entonces del cártel de Sinaloa.
Otra de las declaraciones de un testigo protegido que fue usada para esta causa, data del 11 de diciembre de 2005, quien describió la forma en que supuestamente “se entregaba dinero en efectivo a Pineda Villa.
En dicha época, la PGR investigaba a Alberto Pineda Villa, El Borrado, hermano de María de los Ángeles, identificado como uno de los principales lugartenientes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y supuestamente responsable de infiltrar a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y controlar la información de la misma.
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Tanto Alberto Pineda, como su hermano Mario, El MP, después fueron asesinados por órdenes del capo Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.
Un declarante más, presunto integrante de Guerreros Unidos, reveló el 17 de octubre de 2014, que uno de sus hermanos estaba detenido; abundó, que en su momento, su hermano le pidió acudir a Iguala donde le fueron presentadas varias personas de Guerreros Unidos.
“Y supo que uno de los líderes que más inyectaba dinero a la organización era (José Luis Abarca), quien era presidente municipal de Iguala y que el dinero lo tenía su esposa (Pineda), quien incluso era amante del gobernador (de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero).
En su declaración aseguró que la fortuna del matrimonio era producto de “extorsiones, despojo de terrenos, negocios, casas o automóviles de los que eran objeto los habitantes de Iguala. Asimismo, que familiares de Abarca eran prestanombres y que el dinero que habían obtenido era producto del narcotráfico.
MILENIO publicó que sólo esta causa penal mantiene en prisión al ex presidente municipal de Iguala, y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quienes lograron echar abajo cada una de las acusaciones que consignó en su contra la PGR.
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La causa penal tiene que ver con una orden de aprehensión librada el 6 de octubre de 2017 y que fue cumplimentada en el transcurso del presente año, donde se les señala como presuntos responsables de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los tres testigos que declararon en esta causa penal contra la pareja, son los mismos cuyos testimonios fueron invalidados por un juez federal y un tribunal colegiado, ambos en Tamaulipas, porque se demostró que fueron víctima de tortura.
Esta situación originó que el presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil, de quien se afirma ordenó secuestrar y asesinar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, fuera liberado el pasado 30 de agosto, así como sus supuestos subordinados, además de 24 policías municipales.
Abarca ha ganado en seis casos, mientras que su esposa en cinco y hoy solo tienen pendiente la causa penal 12/2017.
RLO