La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demandó la creación urgente de una Ley General de Extorsión para coordinar autoridades, unificar modalidades y sanciones, y combatir eficazmente este delito, cuyo crecimiento descontrolado afecta gravemente a empresas y ciudadanos.
"Sugerimos reformar el inciso fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Extorsión, que coordine acciones, persiga el delito eficazmente y genere estrategias conjuntas para su erradicación", declararon.
Necesario, homologación de delitos de extorsión
La cúpula empresarial indicó que existen más de 20 modalidades de extorsión, pero los Códigos Penales estatales reconocen menos de la cuarta parte, lo que requiere una legislación nacional que homologue el delito y sus penas.
"Hacemos un llamado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para retomar el proceso legislativo y someter el dictamen aprobado al Pleno. Es urgente una ley general que coordine responsabilidades entre las autoridades y fortalezca el trabajo de las Fiscalías a nivel nacional", expresaron.
Extorsión afecta desarrollo de empresas
La Coparmex dijo que tiene diferentes modalidades como llamadas, mensajes, cobro de piso e intimidación que generan incertidumbre y frenan el desarrollo, afecta a empresas de todos los tamaños, especialmente a las MiPyMEs y familias mexicanas.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 96.7 por ciento de los delitos de extorsión no se denuncian. El miedo a represalias de criminales y funcionarios deja a las víctimas indefensas, lo que fue calificado por el organismo como "alarmante".
En algunos estados se registró un incremento de hasta 50 por ciento en seis años, evidenciando la urgencia de atender este fenómeno. Sólo en enero de este año se registraron 923 víctimas de extorsión, que es 13.3 por ciento más respecto al mes anterior y 3.8 por ciento más en comparación con enero de 2024, un promedio diario de 30 casos.
"La reforma al artículo 19 constitucional, incluyó la extorsión en los delitos con prisión preventiva oficiosa, pero lejos de combatirla, permite que los acusados aleguen su inconvencionalidad y obtengan beneficios judiciales", indicaron.
Agregó que cuando las carpetas de investigación están mal integradas, los jueces aplican automáticamente la medida sin un análisis adecuado, dejando en estado indefenso a las víctimas.
"Nos oponemos a su inclusión en el catálogo de delitos graves porque vulnera la presunción de inocencia, compromete la integridad de los detenidos, contradice las políticas de seguridad ciudadana y puede usarse con fines facciosos o para cometer abusos", explicaron.
PNMO