La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que haga públicos los contratos que se firmaron para adquirir el software Pegasus, el cual fue utilizado en el sexenio pasado por el gobierno federal para espiar a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos.
Con nueve votos a favor y dos en contra, el Pleno de la Corte declaró infundados los recursos de revisión en materia de seguridad nacional que interpuso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, quien buscaba echar abajo la decisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de entregar una versión pública de los contratos.
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El ministro Alberto Pérez Dayán, quien fue el ponente del caso, dijo que la información solicitada no representa un riesgo para la seguridad nacional, porque solo se están solicitando los contratos y la información no se generó a través de tareas de investigación o de inteligencia.
Al respecto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá expresó:
“Tal como este proyecto hace muy bien en reconocer, la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población resulta en un caso paradigmático de enorme interés público, pues implica el uso de recursos del Estado para vulnerar los derechos humanos de las ciudadanas y de los ciudadanos".
“Considero que nos vemos obligados a reconocer el enorme peso del interés público que existe por conocer la información relacionada con este programa. Lo anterior resulta trascendente, pues para evaluar si la reserva de información por parte de la autoridad está justificada, debemos ponderar si el riesgo de perjuicio a la seguridad nacional, que supone la divulgación, supera el interés público general de su publicación".
“En este caso, me parece evidente que el interés público resulta mayor, más aún, tal como lo desarrolla el proyecto, la autoridad recurrente no demostró que la divulgación de la información solicitada represente un riesgo real, un riesgo demostrable, un riesgo identificable del perjuicio significativo a la seguridad nacional, lo que constituye el primer requisito de la prueba de daño que debe superarse con la reserva de la información”, apuntó.
El ministro Luis María Aguilar Morales, quien se pronunció a favor del proyecto, señaló que fue la propia Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien dio a conocer en una conferencia que contaba con esa información
“De ese sentido, sí solamente, como yo estoy entendiendo la propuesta, se trata solo de las contrataciones y no del uso del software Pegasus, yo estoy absolutamente de acuerdo con la propuesta”, añadió.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa también se pronunció a favor. Mencionó que la adquisición encubierta de tecnologías digitales para intervenir ilegalmente comunicaciones privadas pone en riesgo el derecho humano a la privacidad, por lo que dichas herramientas de espionaje no tienen cabida en el orden constitucional mexicano.
Esquivel Mossa comentó que es fundamental que se investigue a profundidad toda la arquitectura financiera utilizada para la compra del programa Pegasus en 2014, a fin de esclarecer quiénes ordenaron y participaron en la adquisición, y más aún, cómo ha sido utilizado y contra qué personas.
Por ello, señaló estar a favor de divulgar la información en posesión de la UIF sobre el tema, siempre y cuando esta se limite únicamente a la versión pública de los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y de los avisos de quienes realizan actividades vulnerables, relacionados con las contrataciones vinculadas al caso Pegasus.
RM