La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) se pronunció por no acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena a México a anular la prisión preventiva de oficio.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 21 de junio, por unanimidad, los fiscales y procuradores del país, entre ellos, el fiscal federal Alejandro Gertz Manero, determinaron que la Constitución Federal debe estar por encima de la resolución que condena al Estado Mexicano.
Según la FGR, los integrantes de la CNPJ coincidieron en que se debe preservar la “soberanía nacional y la supremacía constitucional”.
“ Se mermaría la autonomía del Estado Mexicano, su seguridad y la justicia penal en el país, al desconocer a la Constitución, que es la que regula las atribuciones de la Suprema Corte” de Justicia de la Nación (SCJN)", advirtieron.
Así mismo, aseguraron, que resolver contra la Constitución, permitiría que alrededor de 60 mil personas sujetas en todo el país a procesos por delitos de feminicidio, homicidio, secuestro, delincuencia organizada y otros graves, obtengan su libertad procesal.
Lo anterior, abundaron, implicará que la sociedad quedará expuesta a graves riesgos, principalmente las víctimas, testigos y servidores públicos que intervienen en cada caso.
"Es frecuente que los procesados que quedan en libertad atenten contra quienes los han señalado, se evadan o vuelvan a delinquir de lo cual, se cuenta con un gran número de casos”
Eliminación de la prisión automática
En mayo pasado, los gobernadores de todo el país presentaron un Amicus Curiae (amigo de la Corte) donde alertaron a la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las consecuencias que traería la eliminación de la prisión automática.
En el documento que ingresó al buzón judicial de la Corte, también solicitaron a la ministra mantener la supremacía constitucional sobre cualquier norma internacional, esto por la sentencia emitida por la Corte IDH, en la cual se condenó al Estado Mexicano, tras declarar la citada medida cautelar inconvencional.
Los 32 gobernadores coincidieron que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa provocaría un grave impacto en la seguridad pública.
“No podemos dejar de señalar el colapso también de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todos y cada una de las solicitudes de cambios en las medidas cautelares que se tienen por prisión preventiva oficiosa”, agregaron.
Los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores indicaron que la restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados graves.
Asimismo, menciona que la figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito.
Cabe señalar que la Corte tiene previsto discutir un proyecto que propone no solo dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, sino también negar las órdenes de arraigo y que, en los casos donde se denuncie tortura se ordene una investigación independiente donde no participen las autoridades penitenciarias ni de detención.
En caso de aprobarse la propuesta, ésta tendrá efectos generales, por lo que deberá ser acatada por todos los jueces del país, tanto del fuero común como del federal.
AAEG