Diversas organizaciones de la comunidad científica y despachos de abogados presentaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una excitativa de justicia, la cual tiene por objeto que los ministros del Alto Tribunal retomen el tema de la reforma a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y determinen si es constitucional.
En septiembre de 2023, la Corte ordenó a los Tribunales Colegiados aplazar las resoluciones en torno a los amparos promovidos contra el decreto por el que se expidió la citada ley publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de mayo del mismo año.
La Corte pidió aplazar el tema para evitar resoluciones contradictorias y emitir un criterio sobre el tema una vez que se analicen las acciones de inconstitucionalidad que impugnan dicha ley.
El abogado Rodrigo Cervantes, representante de Uniendo Caminos México y Tojil Eek, presentó hoy en la oficialía de partes del máximo tribunal de justicia el documento a nombre de estas y otras organizaciones, pues dijo que a más de un año de haberse publicado la ley no se ha resuelto el tema.
“Se trata de una excitativa de justicia para poner de nuevo en la agenda de la Suprema Corte la deliberación de si precisamente la ley es inconstitucional o constitucional”, expresó.
El litigante aseguró que la Corte no le ha “puesto el interés necesario y adecuado”, razón por la cual se está presentando esta excitativa.
“Ya ha pasado un tiempo e incluso los jueces han hecho caso omiso a un acuerdo que se publicó, precisamente para poder evitar que se dicten resoluciones antes de que se pueda resolver la inconstitucionalidad”, añadió.
Rodrigo Cervantes recordó que los amparos que promovieron diversos integrantes de la comunidad científica reclaman la perdida de derechos que tenían, además de que algunos juzgadores emitieron resoluciones judiciales que han afectado a quejosos.
Por este motivo, están solicitando que la Corte aborde el estudio de las acciones de inconstitucionalidad.
Es de mencionar que, en agosto pasado, días antes de dejar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel Miranda solicitó a la Corte resolver de manera prioritaria las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
El estatuto fue aprobado en fast track por Morena y aliados en el Senado de la República, el 28 de abril de 2023, en lo que la oposición llamó el “viernes negro”.
La minoría parlamentaria en el Senado, conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, impugnaron en la Corte la ley a través de diversas acciones de inconstitucionalidad.
“La acción en contra de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, busca proteger a más de mil 700 investigadores de instituciones particulares, por la discriminación que enfrentarían para recibir apoyos para la innovación e investigación, y a decenas de miles de estudiantes de universidades privadas que hoy pueden realizan sus estudios gracias al apoyo de Conacyt”, informaron.
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