El debate que está generando en México el denominado “pin parental”, que consiste en permitir a los padres de familia prohibir a sus hijos acudir a la escuela cuando se establezcan clases sobre educación sexual o temas que vayan en contra de sus creencias religiosas, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Un ministro admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) y por 11 diputados locales de dicha entidad, que impugnaron las reformas a la Ley de Educación estatal. Ahora, la Corte deberá resolver si el pin parental viola los derechos de los menores de edad.
En nuestro país, en 18 congresos estatales, legisladores de los partidos Acción Nacional y Encuentro Social, han promovido la idea del pin parental, pero hasta el día de hoy, solo Aguascalientes lo ha plasmado en una ley.
Al artículo 4 de la Ley de Educación de Aguascalientes se le agregó un quinto párrafo que establece:
“La Autoridad Educativa Estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”.
El organismo de derechos humanos solicitó al máximo tribunal de justicia del país que determine si el pin parental es constitucional o no, debido al debate que ya generó entre diversos grupos sociales de la entidad.
Por su parte, los legisladores locales argumentaron en su demanda, que el pin parental es contrario al derecho a la educación, porque limita el acceso a información sobre los propios cuerpos y la concepción del universo basada en la investigación científica.
De acuerdo con antecedentes, los diputados locales de los mencionados partidos retomaron la idea del partido de ultraderecha español Vox, quien fue el primero en hablar del pin parental, para que los padres puedan solicitar programar las computadoras y dispositivos electrónicos de sus hijos, para restringir contenidos.
Un ejemplo de lo que está ocurriendo en México, se presentó hace unos meses en el Congreso de Nuevo León, La iniciativa conocida como “pin parental” y presentada en el Congreso del Estado de Nuevo León, donde el diputado del Partido Encuentro Social, Juan Carlos Leal, propuso restringir el derecho a la educación sexual, a través del veto de las propias familias.
bgpa