En su primer año de funcionamiento, el actual pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) — integrado por primera vez por nueve ministros elegidos por voto popular— ha enfrentado una serie de polémicas relacionadas con la organización y dirección del tribunal, uso de recursos públicos asignados e incluso el comportamiento de algunos de ellos.
Desde la adquisición de un lote de nueve camionetas de lujo blindadas, pasando por el episodio en el que una funcionaria fue captada limpiándole el zapato al presidente de la Corte, Hugo Aguilar, hasta los encontronazos y debates por la asignación del presupuesto para el 2027 y el relevo en la presidencia.
Algunos de estos episodios generaron una fuerte atención mediática y comentarios en redes sociales que fueron saldados con alguna acción correctiva o posicionamiento de la Corte; mientras que otros siguen en desarrollo, pues atañen a temas de funcionamiento y dirección del máximo tribunal del país.
MILENIO hace un recuento de algunos de estos episodios. En primer lugar, se enlistan los temas relacionados con disputas constitucionales; luego, aquellos que tienen que ver con el uso de recursos públicos; y, finalmente, los temas de conducción de la corte o problemas de imagen.
Disputa por la presidencia de la Corte
Aunque a la presidencia de Hugo Aguilar le resta, por lo menos, un año, el debate y la disputa por quién será la persona ministra que lo releve cobran fuerza conforme avanza el 2026. Todo ello ocasionado por una contradicción que existe en la Constitución.
El problema surge tras la reforma judicial de 2024 que modificó el artículo 94 constitucional para establecer que la presidencia de la SCJN debe renovarse cada dos años de manera rotatoria, en función del número de votos obtenidos en la elección judicial.
Esa regla llevó a Hugo Aguilar a la presidencia porque fue el candidato más votado, con 6 millones 195 mil 612 sufragios. Lenia Batres quedó en segundo lugar, con 5 millones 534 mil 681, y Yasmín Esquivel en tercero, con 4 millones 985 mil 925.
El problema es que el artículo 97 de la Carta Magna conserva simultáneamente la regla anterior: señala que cada cuatro años el pleno debe elegir de entre sus integrantes a quien presidirá la Suprema Corte.
Aunque el Ejecutivo envió en mayo de 2026 una reforma a varias disposiciones judiciales, aprobada por el Legislativo, el tema relacionado con dicha contradicción no fue corregido. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró recientemente que a la propia Corte le tocará resolver ese tema.
En ese contexto, las tensiones dentro del pleno han ido en ascenso. Fuentes de la SCJN confirmaron a MILENIO que la ministra Batres se mantiene firme en su posicionamiento de que es a ella a quien corresponde asumir la presidencia en septiembre de 2027, mientras que otros togados no están convencidos.
Un bloque mayoritario de al menos seis ministros estaría optando por una ruta distinta: votar porque prevalezca la interpretación del artículo 97 y sea el pleno el que elija al sucesor. En ese escenario, las opciones van desde extender la presidencia de Aguilar para que cumpla un periodo de cuatro años o elegir a Yasmín Esquivel como potencial relevo, ya sea en 2027 o en 2029.
Oficialmente, la presidencia de la SCJN ha señalado que aún es pronto para entrar en una disputa de esta naturaleza, pero las conversaciones en torno a ello continúan.
Seguro médico de vuelta: ¿necesidad o privilegio?
Una división similar a la que se registra respecto al relevo en la presidencia de la SCJN también se advierte en otros temas y decisiones.
El más reciente tiene que ver con la postura mayoritaria del pleno de solicitar para 2027 un presupuesto destinado a recontratar el seguro de gastos médicos mayores.
A finales de 2025, la nueva SCJN canceló seguros privados de gastos médicos y, en enero de 2026, Hugo Aguilar firmó con el ISSSTE un convenio para facilitar atención especializada al personal.
Sin embargo, en una sesión privada, realizada el 6 de agosto, seis de los nueve ministros aprobaron incorporar al anteproyecto presupuestal de 2027 la contratación nuevamente de un seguro de gastos médicos mayores con recursos públicos.
El tema trascendió a la esfera pública porque Lenia Batres reveló una carta en la que denunció que esta decisión significaba regresar a los privilegios que la nueva SCJN había prometido eliminar y sostuvo que la prestación contraviene las normas de austeridad.
La Corte defendió institucionalmente el proyecto señalando que el seguro no sería para ministros, sino para el personal del tribunal, con excepción expresa de las nueve personas integrantes del pleno. Sin embargo, en su conferencia matutina, Sheinbaum criticó la propuesta tras considerar que era traer de vuelta privilegios del pasado.
Las camionetas de lujo devueltas
Otro tema relacionado con el manejo de recursos que generó polémica a principios de 2026 fue el de la adquisición de nueve camionetas Jeep blindadas, una para cada ministro, que según la propia institución tuvieron un valor aproximado de 2.4 millones de pesos cada una, incluyendo su blindaje.
La explicación institucional fue que no se trataba de una adquisición por comodidad o lujo, sino de seguridad, toda vez que del pleno anterior se recibió un lote de camionetas incompleto, algunas de las cuales ya no contaban con condiciones mecánicas y de blindaje adecuadas.
Ante las críticas, el 25 de enero los nueve ministros anunciaron que no utilizarían las camionetas y solicitarían iniciar el procedimiento para devolverlas o destinarlas a personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos.
Fuentes de la SCJN confirmaron a MILENIO que los vehículos quedaron finalmente en manos de juzgadores que llevan casos de riesgo.
Errores, desacuerdos y choques en las sesiones
Que existan desacuerdos y debates en el pleno de un Tribunal Constitucional es una situación esperable y, en algunos casos, favorece la construcción de mejores resoluciones y criterios.
Sin embargo, en la integración actual del pleno se han presentado desde errores operativos hasta desacuerdos jurídicos que han derivado en enfrentamientos personales visibles.
En el apartado de errores destaca, por ejemplo, uno notorio ocurrido el 15 de enero en la votación de un asunto relativo al pago retroactivo de pensiones de trabajadores de la CFE.
El recién nombrado secretario general de Acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, anunció que el proyecto de Aguilar fue aprobado, pero habían contado mal: la votación real era cinco votos contra el proyecto y cuatro a favor. La Corte detectó el error, lo corrigió en privado y posteriormente rectificó formalmente el resultado.
Estela Ríos y Lenia Batres también han sido señaladas de forma constante en redes sociales por pifias en pronunciamientos, en la presentación de proyectos o emisión de votos.
A Ríos, en específico, se le señaló por leer de forma constante todas sus intervenciones en su teléfono celular.
En febrero ocurrió una situación peculiar con el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. El pleno coincidió en revocar el amparo que impedía ejecutar una orden de aprehensión, pero prácticamente todos los ministros cuestionaron la metodología y las consideraciones del proyecto preparado por Batres.
Aunque la conclusión fue apoyada, la argumentación de Batres fue tan cuestionada que el valor de su proyecto como herramienta de orientación al futuro fue inexistente.
Un escenario similar ocurrió el 3 de junio con otro proyecto de Batres sobre víctimas de delitos sexuales. El proyecto terminó aprobado por ocho votos, pero varios ministros se separaron por distintas consideraciones.
El ministro Giovanni Figueroa insistió en que la sentencia aclarara que difuminar la imagen de una víctima menor no debía convertirse automáticamente en regla general, mientras Batres defendía el alcance de su proyecto. La discusión subió de tono antes de que se cerrara el debate.
La confrontación más fuerte y reciente ocurrió el 13 de agosto durante la discusión de una contradicción de criterios en la que varios ministros objetaron partes centrales de un proyecto de Batres.
Ella sostuvo que no estaba escuchando argumentos jurídicos suficientes y sugirió que la resistencia podría deberse a su oposición al presupuesto de 2027. Finalmente, acusó a sus compañeros de una “animadversión insana” y retiró el proyecto. Yasmín Esquivel le respondió y exigió que el debate se mantuviera en términos jurídicos.
El “zapato sucio” de Hugo Aguilar
En el apartado de polémicas individuales, una notoria fue la ocurrida el 5 de febrero en Querétaro, donde Hugo Aguilar se alistaba a ingresar a la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución. Un video grabado desde un teléfono celular registró el momento en que dos colaboradores se agacharon frente a él para limpiarle el calzado.
En las imágenes, Aguilar aparece con las manos en los bolsillos mientras sus colaboradores limpian sus zapatos, lo que inmediatamente generó acusaciones de presunta soberbia, servilismo y contradicción con la imagen de una SCJN que afirmaba haber eliminado los privilegios de sus integrantes.
Una de las funcionarias involucradas fue Amanda Pérez Bolaños, directora general de Comunicación Social de la SCJN, quien explicó después que a ella se le cayó un café al piso que alcanzó a salpicar el zapato, por lo que decidió limpiarlo. Aguilar también dijo que el evento lo tomó por sorpresa, le pidió que no continuara y ofreció públicamente una disculpa.
Las funcionarias “influencers”
La SCJN también ha registrado polémicas entre sus trabajadores, aunque los ministros no se han visto involucrados directamente. Entre ellos destacan dos episodios relacionados con funcionarios que utilizaron las instalaciones de la institución y su tiempo de trabajo para difundir contenido en redes sociales.
El primero involucró a Lizeth Karina Villeda García, quien había sido nombrada directora del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la nueva Corte.
En noviembre de 2025 se reveló que utilizaba su oficina y tiempo laboral para grabar contenido personal con el que promovía su actividad como “coach en liderazgo consciente”. Villeda renunció el 15 de noviembre.
Luego, en mayo de este año, dos abogadas adscritas a la ponencia de Irving Espinosa Betanzo aparecieron en videos promocionales de una marca de botanas grabados dentro de oficinas de la Suprema Corte. En las escenas recreaban situaciones humorísticas sobre el trabajo y sus superiores mientras mostraban y consumían los productos.
La Corte afirmó que ni la institución ni Espinosa habían autorizado esas grabaciones, calificó el contenido como estrictamente personal, pidió retirarlo e inició una revisión. Las dos trabajadoras presentaron de inmediato su renuncia irrevocable.
RM