Los 60 elementos de la Policía Preventiva de Iguala esperan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expida una carta que permita al gobierno de Guerrero devolverles sus armas de cargo, las que les fueron retiradas tras los ataques del 26 de septiembre de 2014 en los que desparecieron los estudiantes de Ayotzinapa.
Oscar Díaz Bello, síndico procurador de Iguala, informó que el cabildo se encuentra a espera de la carta que va a expedir la CNDH al gobierno estatal, misma que permitirá que en los primeros días de junio, la Policía Preventiva cuente con las armas de cargo que les fueron retiradas en 2014.
Díaz Bello explicó que el personal de la Policía Preventiva municipal ha estado trabajando en el tema de la prevención del delito, pero sólo en labores de proximidad con la ciudadanía.
El funcionario detalló que los 62 elementos han cumplido con los exámenes de control y la certificación correspondiente, por lo que podrían ser armados en junio, para ya cumplir a cabalidad con sus funciones.
Destacó que hay por lo menos siete elementos que se tienen su certificación en trámite, lo que permitirá contar con un total de 69 policías preventivos.
Reconoció que dicha cantidad es los insuficiente para cuidar a más de 150 mil habitantes que tiene Iguala, ciudad considerada como el centro político de la región norte.
El síndico consideró que lo ideal es contar un mínimo de 300 elementos, por lo que en breve se emitirán más convocatorias para reclutar a hombres y mujeres que estén interesados en participar en dar seguridad a los habitantes de Iguala.
Tras los ataques del 26 de septiembre de 2014, cuando se generó la desaparición de 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, los elementos de la Policía Preventiva fueron desarmados.
El desarme se generó el 6 de octubre del 2014, cuando la Comisión Nacional de Segurdiad estaba a cargo de Monte Alejandro Rubido.
Actualmente la seguridad de Iguala está en manos de la Guardia Nacional, la Policía del Estado y del Ejército Mexicano.
DMZ