Policías con bajos salarios son sancionados por sobornos y robarse entre ellos

Faltaban pocos días para la navidad del 2020 cuando la agente de la Policía Estatal de Tabasco se preparaba para iniciar un rondín más. A las 07:15 horas se dirigió al pase de lista y fue a dejar su mochila para empezar a armarse. Antes, abrió un bolsito para corroborar que traía de su casa los 4 mil pesos, el dinero que habían logrado ahorrar durante meses en la oficina y que ella guardaba y entregaba una vez al mes. “Era la tanda”, recuerda.

Mary declaró que ese 15 de diciembre fue asignada a una zona –la “del parque”– donde había que reforzar la seguridad porque iban a entregar la Pensión del Bienestar. Terminó su servicio cerca de las 21:0 horas y regresó muy rápido a la comandancia.

Al llegar fue directo a su casillero porque una compañera del área de recuperación de vehículos robados le había dado durante el día el abono de la tanda y le urgía juntarlo con los otros 4 mil pesos para entregar completo el dinero al compañero que le tocaba recibirlo ese mes.

Abrió la mochila. “Me asusté y grité ‘¡no inventes!’”, recuerda Mary cuando comprobó que el dinero no estaba. Una compañera que se encontraba a su lado le preguntó angustiada qué había pasado. La policía le comentó que había sido víctima de un robo, ahí, en plena comandancia, y a partir de ese momento empezó una cacería para recuperar los 4 mil pesos de la tanda.

Las versiones empezaron a circular. Otra compañera le confió que en la mañana, cuando ella venía de armarse, en el área donde se dejan las mochilas y al ir hacia la cajita de los cartuchos, se asomó y vio que “la única persona que se encontraba allí era mi compañera [omite su nombre] que en ese momento se estaba cambiando de ropa. De hecho le preguntó: ‘ay ¿todavía te estás cambiando?’”.

Una compañera más la llamó por teléfono, escuchó su voz diferente y entonces Mary le contó lo sucedido. “Al oírlo me dijo que de igual forma, como a las 7:45 horas aproximadamente, ella se dirigió al refrigerador que se encuentra frente al área asignada de las mochilas y vio que la compañera estaba sin uniforme, sin hacer nada allí dentro, y entonces le preguntó: ‘¿Qué haces ahí parada, en la oscuridad?’, y sólo se sonrió”.

Así se fueron apilando las versiones en el escritorio de los superiores. La mayoría coincidía en señalar a la compañera.

Mary dejó entrever que incluso sintieron pena por ella, e incluso le recomendaron ir a un psicólogo; en su diagnóstico informal aseguraban que lo más probable es que fuera cleptómana, es decir que estaba enferma, que no robaba con mala intención.

“Robas sin darte cuenta”, le dijo Mary en su cara. El robo terminó en una suspensión de 15 días de la comandancia estatal de Tabasco.

Policías estatales sancionados

Una investigación de MILENIO revela que dos mil 957 policías estatales y elementos de la Guardia Nacional han sido sancionados entre 2020 y 2024. La mayoría de esas faltas han merecido sanciones menores, debido a que los delitos que se cometieron fueron desde robar alguna posesión o dinero de las o los compañeros, obtener dádivas de poca monta y hasta acudir a laborar con uniformes rotos o no presentables.

Una de las causas de estas situaciones puede ser la precarización en los salarios de los que debieran ser guardianes del orden.

Según el Instituto Belisario Domínguez del Senado, de las 32 entidades del país, sólo en seis los policías perciben más de 10 mil pesos mensuales. Eso da pie a que agentes precarizados y con pocas prestaciones, entre otros factores sociopsicológicos, se puedan corromper por muy poco.

Este diario buscó las sanciones impuestas a los agentes y obtuvo los reportes de los órganos internos de las policías mexicanas.

A nivel federal, la Guardia Nacional reporta en los últimos cuatro años apenas ocho sanciones a sus agentes, entre las que se encuentran el robo, soborno y reportes falsos dados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Al encontrarse desempeñando sus funciones de inspección, seguridad y vigilancia, solicitó y recibió dinero del conductor de un tractocamión a efecto de no ponerlo a disposición del Ministerio Público por los datos erróneos en el número de motor”, dice uno de los informes que revela apenas un atisbo de la corrupción que priva en las dependencias federales.

Un caso más: “Obtuvo beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables por el ejercicio de su función por $9000, cantidad que sustrajo en efectivo de un total de 15 cargas de combustible”.

Y hasta se reporta el robo de máquinas de apuestas: “Al encontrarse comisionado en Tijuana, Baja California en compañía de su compañera, ingresó a un local comercial y se llevaron 7 máquinas tragamonedas sin justificación alguna”.

En estos casos las sanciones para los miembros de la Guardia Nacional fueron de entre tres y 10 años de inhabilitación. Sin embargo, en dos de los ocho casos, la sanción terminó en destitución. El motivo fue el mismo: los agentes entregaron información en “ausencia de la verdad” a la CNDH.

Mínimos registros de corrupción estatal

Únicamente 14 entidades reportan sanciones administrativas, en el caso de las demás 18, suben a la Plataforma Nacional de Transparencia reportes esporádicos donde aseguran que no se generaron sanciones en los últimos años.

Los estados que reportan el mayor número de sanciones impuestas desde sus secretarías de Seguridad Pública son Guerrero (807), Nuevo León (411), Jalisco (403), Chiapas (395) y Michoacán (335).

Hay estados con aún menos casos registrados como Tabasco (152), Campeche (186), entre otros con sanciones escasas que reconocen irregularidades cometidas por sus policías estatales y evidencian que los policías en realidad realizan actos irregulares, si bien distan mucho de ser calificados como delitos.

Por ejemplo, en estados como Oaxaca se registraron situaciones donde se descubrió que los policías, durante su ingreso, presentaron documentación falsa, debido a que en algunos casos no habían finalizado la educación secundaria. Intentaron entrar a la corporación sin cumplir los requisitos.

“El siete de julio del 2021 el agente entregó al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza un certificado de bachillerato expedido en 2007 por la escuela preparatoria Contador Alejandro Pombo. Es un documento apócrifo y las firmas no son legales”, dice el informe.

También hay delitos graves

Por supuesto se dan casos en diversos estados donde los partes que dieron lugar a las sanciones revelan que existe una problemática que va mucho más allá de la corrupción diaria y las dádivas insignificantes que reciben policías locales y estatales.

A veces los casos aumentan en complejidad en estados tanto del sur como del norte. En Oaxaca se registró un caso en el cual tres elementos de la Policía Estatal permitieron a un detenido escapar de un hospital, a pesar de que era acusado de portación de arma de uso exclusivo del Ejército y de probable homicidio:

“Me permito informar que siendo las 01:25 horas, vía telefónica se comunicó a esta Comandancia el Policía Estatal, quien con los Policías Estatales brindan el servicio de vigilancia del imputado, quien está a disposición del Juez Federal y quien se encontraba recibiendo atención médica en la cama número 14 del área de cirugías en el Hospital General, ubicado sobre la Avenida Jesús Carranza esquina con la calle Sebastián Ortiz de esta Ciudad de Tuxtepec. Dicho imputado se había dado a la fuga, saliéndose por una ventana que se ubica en la parte trasera del cuarto en donde se encontraba hospitalizado, no percatándose ninguno de ellos [los policías a cargo] el momento exacto en que ocurrió este hecho”.

Según el reporte, el detenido logró escapar incluso con un balazo en la pierna y ante el descuido de los policías estatales. Pese a que se montó un gran operativo, el detenido no fue localizado. Los policías que estaban a cargo, a juicio de quienes evaluaban el desempeño policial, “desacreditaron la imagen de la institución a la que pertenecen”.

También se han registrado casos de naturaleza más personal. Como uno de acoso en Baja California Sur, que fue descrito así: “Las conductas desplegadas por parte del servidor público investigado hacia [otra compañera], son susceptibles de traducirse en acoso sexual. Existió un ejercicio abusivo del poder que conllevó a un estado de indefensión, provocado por las insinuaciones inapropiadas y faltas al respeto que le realizó a través de constantes llamadas telefónicas a distintas horas, alguna de madrugada, así como mensajes relacionadas con la sexualidad, es decir, desplegó una forma de violencia con connotación lasciva hacia la denunciante, en varios eventos”.

En entornos como el de Sinaloa es frecuente la sanción derivada de que los agentes den positivo a los exámenes toxicológicos, es decir al consumo de drogas.

“Al realizar un examen químico al evaluado se obtuvo el resultado positivo identificándose la presencia de metabolitos provenientes del consumo de cocaína”, dice un informe del 2022 sobre un elemento identificado como Fredy. Un año después, un comandante de nombre Gerardo motivó la misma sanción por dar positivo al consumo de anfetaminas y metanfetaminas.

No sólo en Sinaloa sino también en estados como Michoacán se dan reportes que revelan sanciones por el extravío, sin explicación, de cascos, balas y otras herramientas del trabajo policial.