El procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, Raúl Arroyo González, dio a conocer que este jueves siete policías municipales de Progreso de Obregón se encuentran en otra audiencia inicial en el juzgado de Mixquiahuala por las irregularidades cometidas a partir de la detención de la doctora Beatriz H. R. el pasado 9 de junio.
Esto apenas unas horas después de que los policías, cuatro hombres y tres mujeres, entre ellas la directora de la policía, fueran vinculados a proceso por el delito de homicidio culposo por omisión tras la reclasificación del delito que hizo la juez Rosa María López Aguilar.
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“Las tres mujeres y los cuatro hombres imputados se encuentran en prisión preventiva justificada, según el ordenamiento de la propia juez de control”, sostuvo el fiscal en conferencia de prensa virtual.
Asimismo, informó que este 17 de junio alrededor de las seis de la mañana el Ministerio Público obtuvo de una jueza de control la vinculación a proceso de siete personas adscritas a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Progreso de Obregón por el delito de homicidio culposo por omisión derivado de su calidad de servidoras y servidores públicos.
Señaló que esta situación jurídica deriva de un hecho ocurrido el pasado 9 de junio en el que una mujer, la doctora Beatriz H. R., perdió la vida en el área de retención primaria municipal de Progreso de Obregón.
“Noticia a partir de la cual la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició las indagatorias bajo el protocolo para la investigación del delito de feminicidio como se procede en todas las muertes violentas de mujeres”, dijo.
Arroyo González precisó que la vinculación a proceso por homicidio culposo es resultado de la obtención de datos de prueba adicionales, entre ellos videograbaciones del área de retención primaria de la policía municipal de Progreso de Obregón.
“Situación que permitió apreciar que la muerte de quien se identifica con las iniciales B. H. R. no fue producto de una acción directa, motivo por el cual esta representación social solicitó la reclasificación del delito y la vinculación a proceso de las personas que tenían la obligación de garantizar la dignidad, la vida y la integridad de la víctima”, agregó.
Mencionó que este hecho “que produjo indignación” atrajo la atención de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, de atención a víctimas, de colectivos de la sociedad civil así como de instancias gubernamentales y medios de comunicación y provocó un daño irreparable a una familia hidalguense y una laceración a la sociedad.
Ante ello el procurador subrayó que este hecho debe ser un llamado de atención para que todos los Ayuntamientos, además de las autoridades estatales, pongan especial atención en la capacitación del personal policial, así como en sus protocolos para cada una de las actuaciones que atienden en función de la responsabilidades públicas e insistir en la obligación de respetar la dignidad de las víctimas directas a indirectas.