Un tribunal colegiado puso en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el amparo que promovió Alejandro Jesús Quintero Íñiguez, señalado por el gobierno federal como la persona que financió el documental “El Populismo en América” durante el proceso electoral en que Andrés Manuel López Obrador buscaba la Presidencia de la República.
Quintero Íñiguez busca que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fede), de la Fiscalía General de la República (FGR), le permita tener acceso a la averiguación previa que integra en su contra, tras la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por una presunta violación al artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Sin embargo, Luz María Ortega Tlapa, jueza Octava de Distrito de Amparo en Materia Penal, sobreseyó parte de su demanda de garantías y le negó el amparo.
El quejoso argumentó que la autoridad ministerial vulneró su derecho humano al debido proceso, en su modalidad de defensa adecuada, porque al negarle el acceso a la averiguación previa FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0000127/2019, le impidió tener un papel activo en el procedimiento, ejercer su derecho de defensa, y conocer la imputación que obra en su contra.
Por unanimidad, los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinaron dejar en manos de la Corte el amparo en revisión y remitieron el expediente que elaboró la juez, indica el acuerdo.
En marzo de 2019, la UIF emitió un comunicado donde informó sobre el caso de la “campaña sucia” orquestada por empresas privadas, dependencias del anterior gobierno federal y un gobierno estatal en el proceso electoral federal de 2017-2018 que tuvo como uno de sus productos la serie del “Populismo en América”.
La UIF identificó que “La división” perteneciente a Piña Digital, fue la realizadora del documental. Por otra parte, quien es el director del documental es además accionista de dicha empresa. La empresa Conaxis SA de CV envió a Piña Digital 18 millones 500 mil pesos y 34 millones de pesos, a una intermediaria para entregar a Quintero Iñiguez la cantidad de 418 mil dólares.
Además, Bufete de proyectos Información y Análisis SA de CV envió 47 millones 900 mil pesos a Grupo Tv Promo, propiedad de Alejandro Quintero.
“Se identificó que la empresa Bufete de Proyectos de Información recibió 186 millones de pesos provenientes de la empresa OHL México, además de 2 mil 500 millones provenientes de la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del Gobierno del Estado de México sin una aparente justificación. Los recursos recibidos por el bufete fueron entregados a las empresas que se encargaron de elaborar el proyecto Populismo en América”, indicó.
La UIF mencionó que la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíben que empresas particulares den recursos a las campañas electorales. Además, el artículo 41 constitucional prohíbe a terceros comprar espacio en radio y televisión para hacer proselitismo en favor o en contra de candidatos.
Por esta razón interpuso denuncias en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en la Fiscalía Especial de Delitos Electorales. Posteriormente, ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de los involucrados.
bgpa