Ex integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelaron que entregaron a la Fiscalía General de la República seis documentos con casi 90 propuestas de investigación para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin embargo, dijeron que muchas siguen pendientes por “obstáculos” de las dependencias.
En una carta aclaratoria, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, señalaron que el trabajo de derechos humanos y la investigación de hechos como la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos “es una enorme carrera de obstáculos”.
Señalaron que dichos obstáculos llevaron a que en el último año el fiscal especial Omar Gómez Trejo dejara el caso y que las autoridades se desistieran de algunas de las órdenes de aprehensión obtenidas con los trabajos de investigación.
“En el último año, esos obstáculos llevaron a la salida del fiscal del caso y la bajada de órdenes de captura ya concedidas por un juez. Posteriormente, y a pesar de un escenario adverso, el trabajo del GIEI ha llevado a que se retomen dichas órdenes al menos parcialmente en los últimos meses, mostrando la evidencia existente en el expediente, así como a documentar los casos contra Tomás Zerón o Murillo Karam y otros cargos de la PGR.
“Hemos entregado a la nueva fiscalía seis documentos con cerca de 90 propuestas de investigación, diligencias y acciones para esclarecer el caso, muchas de ellas aún pendientes”.
Los ex miembros del GIEI señalaron que los avances significativos de la indagatoria y revelaciones fueron compartidas con la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) y la Comisión de la Verdad, y dadas a conocer previamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó la apertura de los archivos del caso en busca de esclarecerlo.
“Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien dio la orden de abrir los archivos a los que se tuvo acceso por parte de la COVAJ y el GIEI. En varias ocasiones su mensaje fue de aliento y de impulso en la investigación. Tenemos todos los detalles y la trazabilidad de estas acciones y en si es necesario las podremos poner a disposición de las autoridades y del pueblo de México”, añadieron.
Reiteraron que todas las pruebas recopiladas durante la investigación fueron puestas a disposición del gobierno federal y acusaron que las respuestas del Ejército sobre la intercepción de comunicaciones “no responden a la verdad”.
“Las respuestas dadas por SEDENA de que el CRFI de Iguala no existía, que dependía del CISEN, que no realizaban interceptaciones telefónicas cuando los documentos muestran parcialmente los textos de las mismas, que desconocen quienes las realizaron, y otras respuestas que se nos dieron, simplemente no responden a la verdad”.
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