Eduardo “N”, ex director del Servicio Médico Forense (Semefo) vinculado a proceso por el caso de los llamados tráileres de la muerte, dijo que tres años antes de que se diera a conocer la saturación había informado a sus superiores sobre las carencias que tenían para trabajar y las posibles consecuencias de no solventarse, sin embargo, sus peticiones no fueron atendidas.
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En 2018, fueron localizados dos tráileres con cajas refrigeradas que circulaban por el Área Metropolitana de Guadalajara con más de 300 cuerpos de personas fallecidas sin identificar. Las unidades eran del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y después de pasar meses afuera de sus instalaciones, una fue llevada a una bodega en la colonia La Duraznera, en San Pedro Tlaquepaque. Después de que vecinos se quejaban del fuerte olor, las autoridades la movieron a un predio que colinda con el fraccionamiento Paseos del Valle, en Tlajomulco o de Zúñiga; hasta que finalmente se dio a conocer que almacenaban cadáveres ante la saturación en el instituto.
Por este hecho, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió carpetas de investigación en septiembre de 2019. En diciembre de ese año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 40/2019 para solicitar a la Fiscalía investigar los hechos relacionados con presuntas irregularidades y conductas ilícitas con los cuerpos.
“Desde 2015 yo le avisaba a mi director general de todas las necesidades que se tenían, tenemos parte e los escritos, las peticiones bien sustentadas y básicamente era mayor personal, más peritos y una infraestructura mucho mayor”, señaló el ex funcionario, quien tenía programada su audiencia para este lunes, pero se suspendió debido a que juez tuvo que ausentarse por reacciones a la vacuna contra covid-19.
El abogado del ex director del Semefo, Isaí Morales, estima que la audiencia se reprogramará en un mes. En enero, Eduardo “N” y su representante legal optaron por el mecanismo de “suspensión condicional de proceso” para evitar un juicio; de esta manera, el imputado pagaría una reparación social con donaciones económicas a los Hospitales Civiles y servicio comunitario en favor del estado, en vez de cumplir una sentencia penal. “Los argumentos que traemos pensados en ese sentido creemos que son bastos y suficientes para que se nos otorgue la cuestión de la suspensión”, señaló el defensor del ex funcionario.
Por su parte, Eduardo “N” dijo sentirse “cansado” de que se prolongue el proceso: “me hubiera gustado que se hubiera desarrollado la audiencia y salir con un resultado positivo”.
Agregó que espera que haya justicia para las víctimas directas e indirectas de los llamados tráileres de la muerte y consideró que las autoridades deben priorizar la atención a los cuerpos sin identificar. “En la formación de una dirección de personas desparecidas, en la cuestión identificativa, sí pediría eso todavía, que se estén formulando más proyectos a favor de personas desaparecidas”, comentó.
El 16 de septiembre de 2021, Eduardo “N” fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad cometido en agravio de la sociedad y de víctimas. Tres días después, la Fiscalía Anticorrupción informó que también se vinculó al ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio “N”, por el mismo delito.
Mientras que Yolanda Salomé “N”, quien fuera coordinadora general de Administración de la Fiscalía estatal, es procesada por uso ilícito de atribuciones y facultades, debido a que pagó a las empresas Logística Montes y Cold Red Transport cheques por 222 mil pesos por la renta de las cajas refrigerantes y sin un contrato
JMH/SRN