Por el caso de la renta de dos cajas de tráileres para almacenar cuerpos de personas no identificadas, la Contraloría del Estado de Jalisco presentó una denuncia penal por delito de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
"Si no encontramos un contrato, si no encontramos una fianza para garantizar, si no tuvimos la certidumbre de cuál era el pago al proveedor y luego el proveedor nos declara otra serie de situaciones, bueno entendemos que este elemento bien pudo incidir en alguna manera en la preservación o no de los derechos humanos post mortem de estos individuos", declaró Teresa Brito, contralora de la entidad.
Precisó que la denuncia fue presentada el jueves 25 ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco. "Estamos denunciando el tema irregular en la contratación de los tráileres", subrayó.
Explicó que lo que existió fueron convenios marcos de coordinación entre Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), y no un contrato con una empresa.
"El contrato no lo tuvimos a la vista, lo voy a dejar así, igual resulta y aparece, no lo tuvimos a la vista. Cuando la relación contractual no se formaliza a través de un documento es normal que resulten imprecisiones. Quizás faltó seriedad en ese sentido", expuso.
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¿Entonces no se sabe cuánto pagaron?, se le dijo. "Tenemos datos sueltos, insisto todo ello y lo que declararon nos dio los elementos suficientes para presentar una denuncia. Son actos presuntamente constitutivos de un delito, pero no lo va a resolver la Contraloría, sino Fiscalía Anticorrupción".
Entrevistada luego de asistir al informe de actividades del Consejo de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, la contralora aseguró que "basta un indicio de una irregularidad como es el caso del manejo contractual que se le dio a esta empresa con la Fiscalía para que yo pida al Fiscal Anticorrupción que inicie una investigación. Él podrá llamar y podrán resultar otras tantas".
Dijo que aún no se sabe quién dio la orden de que una de las cajas frigoríficas fuera sacada de las instalaciones y eso provocara que deambularan por al menos tres municipios del área metropolitana de Guadalajara.
"Estamos caminando en materia de responsabilidad administrativa", destacó.
Teresa Brito confirmó que acudieron los 18 funcionarios que citó desde que abrió la investigación. No dijo si acudieron los ex titulares de la IJCF y de la FGE.
SRN/GPE