El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, compareció en la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de la investigación que hay por un presunto enriquecimiento ilícito por 36 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Funcionarios federales aseguraron que el magistrado fue citado en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), derivado de la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual dio origen a una carpeta de investigación.
Indicaron que durante la diligencia se le permitió conocer la carpeta de investigación, pero no rindió declaración, ya que lo hará por escrito.
El magistrado José Luis Vargas permaneció en las instalaciones de la dependencia federal alrededor de una hora.
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que el magistrado compró residencias en Miami, Valle de Bravo, Lomas de Chapultepec y Polanco con costos que no coinciden con sus ingresos anuales de 2 millones 400 mil pesos.
Hace unos días, funcionarios que realizaron esta investigación dijeron a MILENIO que la UIF presentó una denuncia en la FGR por las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Vargas Valdez, pero al no tener acusaciones por alguna autoridad extranjera, no tenía elementos para ordenar el bloqueo del dinero.
La indagatoria que se concretó a mediados de 2019 determinó que no existe forma de acreditar la compra inusual de al menos cuatro inmuebles, entre los que destacan uno en Valle de Bravo con un costo de siete millones 100 mil pesos, uno más en Lomas de Chapultepec por seis millones 800 mil pesos y un departamento en Miami valuado entre los seis y los 10 millones de pesos.
Además de un departamento en Polanco comprado por tres millones 511 mil 900.
Aunque el magistrado Vargas ha argumentado que comparte bienes con su esposa, quien habría aportado de sus ingresos para estas adquisiciones, los números no parecieron congruentes en el sistema financiero que generó varias alertas por las adquisiciones y compras de Vargas.
Además, la UIF detectó depósitos en efectivo hasta por 500 mil pesos de los que no existe justificación alguna pues Vargas está impedido constitucionalmente a tener ingresos adicionales a los de su labor como magistrado.
Sobre este caso, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, exhortó al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a aclarar las inconsistencias y señalamientos en su patrimonio, porque esto afecta la imagen de todo el Poder Judicial y resta credibilidad a la máxima autoridad electoral en el proceso electoral más grande de la historia.
bgpa