La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó modificaciones a su presupuesto, tras el recorte de 714.4 millones de pesos que hizo la Cámara de Diputados, pero no tocó los privilegios y las prestaciones de funcionarios de mayor jerarquía, reveló la ministra Lenia Batres Guadarrama.
Aseguró que, en la sesión privada, que duró al menos cuatro horas, existió una propuesta para que los ministros recuperaran el sueldo que les permitiría ganar más que la presidenta Claudia Sheinbaum, pero hubo oposición de la mayoría.
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¿Qué señaló la SCJN?
“Se sometió a votación restituir la remuneración de ministras y ministros, que se había logrado disminuir en un 12% en la propuesta presupuestal para 2025, aprobada por el Pleno en noviembre pasado”.
“Este fue el punto más debatido de la sesión privada y finalmente fue rechazado”.
Indicó que a favor de incrementar las remuneraciones de los ministros votaron Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa.
No apoyaron la propuesta de aumentar su salario Lenia Batres, Loretta Ortiz Ahlf, Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
El Pleno de la Corte tuvo que hacer ajustes, debido a que sólo le fueron autorizados 5 mil 208.5 millones de pesos, lo cual representa una disminución de 13% respecto de lo que le fue autorizado para 2024.
Batres habla de propuestas de Norma Piña
Batres Guadarrama comentó que entre las propuestas presentadas por la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, se puso a consideración la disminución de los recursos destinados al comedor de los trabajadores y el recorte a varias de sus prestaciones, pero no se tocaron los privilegios.
Además de las prestaciones de funcionarios de mayor jerarquía que están expresamente prohibidas por la Ley Federal de Austeridad Republicana.
La propuesta implica el cierre del comedor de ministras y ministros. También plantea la reducción de 50% en el techo presupuestal para los comedores de los trabajadores, así como el establecimiento de una estrategia que incluya nuevas reglas para la prestación de este servicio y la revisión de la cuota de recuperación que se paga por el consumo de alimentos.
Actualmente, los trabajadores pagan cada uno 25 pesos por la comida, indicaron funcionarios del Alto Tribunal. Con esta medida, explicó Lenia Batres, se pretende ahorrar la cantidad de 25 millones 897 mil 214 pesos.
¿Cuánto dinero se aprobó descontar?
Mencionó que también se aprobó descontar más de 158 millones de pesos que irían destinados al pago del bono de fin de año para los trabajadores con rangos MM14 al PO33 (secretarios auxiliares y personal operativo).
De igual manera se disminuyó el 31% de espacios de estacionamiento. “Ello requerirá ajustar el número de cajones asignados a todos los órganos y áreas, incluidas las ponencias de ministras y ministros”, apuntó.
En contraste, subrayó, la presidenta de la Corte propuso mantener un área especializada para la atención a ministros y ex ministros, el Seguro de Separación Individualizada (que implica un gasto de 204 millones 988 mil 949 pesos, el servicio de telefonía celular para altos funcionarios (que implica el gasto de un millón 939 mil 948 pesos).
La asignación de vehículos innecesarios (dos camionetas con blindaje para la movilización cotidiana de cada ministro), la asignación para comidas a favor de los ministros (fuera del comedor interno), los medicamentos que no son provistos por el seguro privado de gastos médicos mayores, entre otros privilegios.
En esta misma sesión, abundó, se propuso que fueran estos los conceptos que se suprimieran, en vez de tocar el bono de los trabajadores operativos y el presupuesto para su comedor.
“Solo la ministra Loretta Ortiz Ahlf secundó el recorte de estos privilegios”, agregó.
Corte emite comunicado
Por su parte, la Corte emitió un comunicado oficial en el que enfatizó que frente al recorte más significativo de los últimos 15 años, el Alto Tribunal se vio en la necesidad de ajustar previsiones de gasto que afectarán a actividades programadas, programas operativos y proyectos institucionales.
Estos tornan incierto el cumplimiento cabal de lo dispuesto en el artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial, relativo a la protección íntegra de los derechos de los trabajadores conforme a las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
Recordó que por conducto de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha comprometido a gestionar, en caso de que la insuficiencia de recursos afecte algún derecho laboral, las ampliaciones presupuestarias necesarias.
“De cualquier forma, la Suprema Corte ha hecho las previsiones necesarias para continuar impartiendo justicia y protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos, con los mismos estándares de calidad y servicio con los que ha operado hasta ahora”, detalló.
RM