La primera parte del denominado Plan B de la reforma electoral impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador suma, hasta este viernes, 18 impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se trata de siete acciones de inconstitucionalidad y 11 controversias constitucionales, las cuales fueron presentadas por la oposición: partidos políticos con registro nacional y estatal, diputados y senadores, así como ayuntamientos de distintos partes de la República.
Los promoventes son PRD, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el partido político de Jalisco “Hagamos”, así como los municipios de Chihuahua, Monclova, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Guanajuato, Hermosillo, Morelia, General Cepeda y Durango.
El Instituto Nacional Electoral (INE) es el único organismo autónomo que, hasta el momento, ha impugnado las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales permiten a servidores públicos ejercer su libertad de expresión durante procesos electorales e incluso hacer proselitismo.
Todos estos recursos contra la primera parte del Plan B de la reforma electoral del gobierno federal fueron turnados al ministro Alberto Pérez Dayán, cuya ponencia tendrá que determinar en las próximas horas si cumplen con los requisitos legales para su admisión y, en su caso, formulación de proyectos y análisis y resolución en el máximo tribunal del país.
EHR