Myrna Elena Noriega Zenteno llama por teléfono a MILENIO desde el penal de Santa Martha Acatitla. Llama porque quiere denunciar que funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, coludidos con un abogado de nombre Romell Alejandro Martínez Rivera, les han robado la identidad a ella y a su esposo, Ricardo Anguiano López, preso en el reclusorio Norte por el mismo delito que le achacan a Myrna: homicidio calificado.
“A sabiendas de que estamos presos, en el juzgado 22 de lo familiar, el juez Adolfo Ordóñez abrió el expediente de una demanda, la 1849/2016, que supuestamente yo levanté en contra de mi marido por pensión alimenticia. Y no sólo eso: como en el Tribunal tuvieron acceso a las cuentas de mi esposo, le robaron 250 mil pesos entre lo que tenía ahorrado en el banco, el IMSS y el Infonavit. Por eso no quieren que salgamos libres: para que no demos a conocer la mafia dentro del Tribunal”, acusa Myrna.
La historia arranca el 23 de enero de 2015, en una casa de la colonia Petrolera, Azcapotzalco. Ese día y por enésima vez, Myrna le cobra a su vecino Alfredo Villar los 250 mil pesos que le han prestado meses atrás.
“Y como estaba fuera de sí, se le hizo fácil pegarme”, cuenta Myrna. “Mi esposo me defendió. Sí, sí pelearon. Hasta me espanté porque no querían entrar en razón”. Según Myrna, ella es quien llama a la policía.
“Cuando subieron a mi esposo a la patrulla, Alfredo seguía vivo. Sí estaba lesionado, pero mi esposo no lo mató. Incluso, el único testigo, un tal Mario Pérez Maldonado, dijo que bajó desde la azotea para preguntarles a los paramédicos cómo estaba el señor y que le dijeron que bien”.
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Myrna cuenta que cuando salió del clóset en donde escondió, les platicó su versión a dos policías judiciales, Gabriel Majín y Óscar Iriarte, y ellos le pidieron dinero.
“Y como no les di nada porque no tenía, me dijeron que mi marido y yo estábamos arrestados”.
En el Ministerio Público, los dos agentes declararon que la ropa de Myrna venía manchada de sangre y que esa era la prueba de su participación en el crimen.
“Me ordenaron quitarme la ropa, se la llevaron al laboratorio, pero me la regresaron porque no encontraron nada”.
Aún así, Myrna fue llevada al reclusorio Oriente, al igual que Ricardo, su esposo. Durante el proceso, uno de los abogados de oficio les prometió que fácilmente obtendrían la libertad de ella y a Ricardo le ayudaría a reclasificar el delito a homicidio en riña. Nada de eso pasó: los sentenciaron a 30 años.
“Tres magistrados de la Quinta Sala ratificaron la sentencia, pese a que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México acreditó en la recomendación 15/2021 que mi esposo y yo fuimos torturados”.
Cuatro años después, en 2019, una de las hermanas de Ricardo se encuentra en internet con un documento donde Myrna denuncia a su esposo por la pensión alimenticia de uno de los hijos. Después de discutir, Myrna y Ricardo concluyen que los están estafando. Myrna entonces le pide a una amistad que le ayude a investigar y lo que averigua es que desde octubre de 2016 se había iniciado ese proceso civil en el juzgado 22.
“Mi esposo conoció en la cárcel a Romell Alejandro Martínez Rivera, un abogado defraudador que tiene antecedentes penales. Romell hizo amistad con mis cuñadas y ahí fue cuando se enteró de que nadie nos visita. Primero porque nuestros padres están muertos. Y segundo porque nuestros familiares son testigos de Jehová y están prohibidas las visitas a la cárcel”, relata Myrna y enseguida dice que “la mafia del Tribunal Superior se aprovecha de los reos que no tienen a nadie que vea por ellos”.
¿Hay más casos como el suyo?
Sé que no somos los únicos porque, cuando empezamos a enviar oficios a la dirección de Atención Ciudadana del Tribunal y se dieron cuenta que, efectivamente, falsificaron las firmas de mi esposo y la mía, vino a verme una actuaria del Tribunal y me amenazó de muerte. Me dijo que era toda una mafia y que no me convenía hablar de lo del robo de identidad.
Myrna quiere aprovechar que el ministro Arturo Zaldívar acudirá al penal de Santa Martha este 11 de mayo para dos cosas. La primera es para contarle su caso, pero teme ni siquiera la dejen salir de su celda.
“Dijeron que sería una reunión con todas y ahora dicen que sólo escogerán a dos por edificio, o sea, 16 internas de mil 500”. La segunda es para avisarle que hace poco la amenazaron de muerte. De ahí que duerma en una celda aislada.
“Por eso me atrevo a denunciar públicamente, porque tememos por nuestras vidas y porque estamos buscando que un abogado agarre nuestro caso y se cobre con lo que le ganaríamos al Tribunal por usurpar nuestras identidades”.
EHR