El ex procurador Jesús Murillo Karam permanecerá en el reclusorio Norte, luego de que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el caso Ayotzinapa.
Durante la audiencia de vinculación a proceso, el juez de control estimó que no habían variado las condiciones de su determinación del sábado pasado, cuando impuso dicha medida cautelar durante la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
- Te recomendamos Murillo Karam “sí tenía conocimiento” de actos de tortura, asegura FGR Policía
Para este debate, la defensa de Murillo Karam presentó a un testigo experto en medidas cautelares, quien mencionó varios elementos de “estabilidad” que no implicarían un riesgo de fuga, incluida su “buena fama pública” y el ser una “persona hogareña”.
Este testigo, incluso propuso al juez de control otras medidas cautelares para el ex titular de PGR como firma periódica, entrega de pasaporte y visa, así como prohibición de salir del país y portar un localizador electrónico durante el arraigo domiciliario.
Sin embargo, estos argumentos los desestimó el juez Fuerte Tapia al poner en duda la “imparcialidad” de este testigo, quien conoce a Murillo Karam desde 2010 e incluso trabajó para él en “algunos proyectos”.
Por lo que el juzgador reiteró que, debido a la trascendencia de la investigación por el caso Ayotzinapa y el perfil de “alta importancia”, Murillo Karam debía permanecer en prisión.
El juzgador también reiteró que Murillo Karam ha ocupado los más altos cargos” en el país, incluido, gobernador, senador, diputado, titular de la PGR y secretario de Estado.
Durante esta audiencia, dos nuevas casas le aparecieron a Murillo Karam en la Ciudad de México, una ubicada en Polanco y otra en la alcaldía Cuajimalpa, por lo que suman siete propiedades al ex titular de PGR: tres en Pachuca, Hidalgo; uno en Acapulco, Guerrero; así como una más en la capital del país.
Un par de horas antes, el juzgador había decidido vincular a proceso al ex titular de la Procuraduría General de la República por los delitos de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
El juez Fuerte Tapia también decretó tres meses para el cierre del plazo de la investigación complementaria; a pesar de que los agentes del Ministerio Público de la Federación habían solicitado seis meses.
dmz