La estrategia de Alejandro Moreno, Alito, para aferrarse a la dirigencia del PRI, va contra las condiciones que impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para validarle la ampliación de su mandato hasta 2024: que no implicara una reelección ni una permanencia indefinida en el cargo.
Sino una prórroga meramente temporal y con término estricto al concluir la elección presidencial, para no violentar los derechos de la militancia, para seguir renovando a sus liderazgos.
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La sentencia que emitió la Sala Superior del TEPJF, el 26 de abril de 2023, con la que permitió que Alejandro Moreno se quedará un año más al frente de la dirigencia, fue una medida excepcional y únicamente, para no generarle al partido una carga en la renovación de sus órganos internos a un paso de que iniciara el proceso electoral federal, tal como lo hizo con el PAN y con Morena.
Sin embargo, la base de la sentencia para darle este permiso a Alejandro Moreno para mantenerse un año extra y fuera del periodo para el que originalmente fue electo, era que esto no implicara una reelección.
“La modificación para que pueda concederse una prórroga lleva implícita la obligación a que, en su ejercicio, el Consejo Político Nacional dé continuidad a los preparativos para los procesos electorales. No implica, en sentido estricto, una reelección, menos una violación al principio de reelección, así como tampoco una permanencia indefinida, toda vez que se trata de un elemento temporal”, señala la sentencia.
Por lo que en la impugnación que ya alistan ex dirigentes del PRI, deberán demostrar que el cambio de estatutos para poder reelegirse iría en contra de la advertencia expresa de la Sala Superior o que Moreno usó la prórroga temporal para planear esa reelección que se le prohibió desde hace un año.
El año pasado, cuando Alejandro Moreno, apoyado del Consejo Político Nacional que él mismo controla, cambió estatutos para ampliar su dirigencia, fue denunciado por Dulce María Sauri, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Pedro Joaquín Coldwell por estos cambios exprés para beneficio exclusivo del propio Moreno.
El INE coincidió en que, los cambios al vapor no se apegaron al proceso que marca el estatuto y los anuló, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la prórroga al aprobar una ampliación expresa de un año, sólo para que el PRI, igual que el PAN y Morena pudieran concentrarse en su organización interna rumbo a la elección presidencial.
Camino libre para reelección de Alito Moreno
Las cinco magistraturas que votaron a favor del proyecto, con dos más en contra, sostuvieron que se trataba de una medida excepcional únicamente por estar en medio del arranque del proceso electoral, sin que el líder priista pudiera buscar ir más allá del 2024.
“Al tratarse de una facultad extraordinaria, la prórroga es temporal, no puede extenderse más allá del proceso electoral federal y no es válido extenderlo por causas distintas para respetar el principio de renovación periódica de sus órganos internos. En ese sentido, al ser una prórroga temporal, no implica reelección o permanencia indefinida”.
“Al tratarse de una situación extraordinaria que faculta al máximo órgano permanente del partido a autorizar la continuidad de la dirigencia para afrontar una situación particular, la prórroga sólo podrá tener como ámbito temporal, el plazo estrictamente necesario para solventar la causa que lo motivó, lo que quiere decir que, si esta se inicia con motivo del inicio de un proceso electoral federal, ésta no puede ir más allá de la renovación del órgano con posterioridad a la conclusión del proceso electivo”, señala la sentencia definitiva e irrevocable de la Sala Superior.
Pues las magistraturas fueron muy insistentes en que la prórroga de un año con la orden de que una vez terminando el proceso electoral debían convocar a su renovación, atendía “a criterios de necesidad específica, sin privar a la militancia del derecho a participar en la renovación periódica de sus órganos internos”, por lo que la renovación debía darse en 2024.
De esta manera, los cambios aprobados por el PRI, este fin de semana, serán analizados por las autoridades para determinar si van en contra de la advertencia de esta sentencia.
Las y los priistas que ya advirtieron que impugnarán como la misma Dulce María Sauri, deberán ir primero al INE que es el primero que deberá determinar a través de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos si los cambios son válidos o no, y después podrá pasar a la Sala Superior para una resolución definitiva que determine si Alejandro Moreno puede alistar su reelección o no.
RM