La ciudadanía y los empresarios de Puerto Vallarta lamentan que se haya decidido darle fin a la Estrategia mixta de seguridad, a cargo de la Marina y que tan solo estuvo 85 días en funcionamiento.
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Ambos sectores de la sociedad vallartense exigen una explicación acerca de esta decisión unilateral, así como soluciones reales a la inseguridad y, una depuración de su policía. El presidente de la Coparmex Puerto Vallarta, Jorge Careaga Jiménez, informó que enviará una carta al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para solicitarle una explicación de la salida del Capitán Fernando Viveros Hernández de la Dirección de Seguridad Ciudadana.
No les convence que bajo el argumento de que terminó el convenio de colaboración tripartita se haya dejado desprotegido y sin una policía preparada a esta ciudad, que es el segundo destino turístico más importante del país y, a la vez, el bastión de Gonzalo Mendoza El Rey Sapo, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El esquema mixto de seguridad fue autorizado en el Consejo Estatal de Seguridad de Jalisco e inició el 18 de enero de 2021 con el Capitán Fernando Viveros al mando de la comisaría municipal. Esto ocurrió un mes después del asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, y dos meses después del secuestro y homicidio del empresario Felipe Tomé.
La iniciativa, que fue anunciada por el gobierno estatal y apoyada por el gobierno federal, únicamente duró 85 días, pues culminó el 13 de abril pasado “sin que los ciudadanos conozcamos resultados, por parte del gobierno estatal y mucho menos de la presidencia municipal”, se quejan empresarios y ciudadanos de Puerto Vallarta.
Añaden que “también es motivo, de curiosidad, que el fin del convenio de seguridad en los tres niveles, se presenta, justo el mismo día que los policías municipales de Vallarta, comenzaban sus exámenes de control y confianza, obligatorios para cualquier integrante de una corporación policiaca”.
Recuerdan el caso de la familia que fue levantada y secuestrada por policías municipales de Acatic. El representante de Coparmex dice que está decisión no coincide con el plan de trabajo que presentó el Capitán Fernando Viveros.
Los inconformes indican que este municipio ha sido históricamente una plaza codiciada por diferentes cárteles de la droga, por su relevancia en el trasiego de estupefacientes hacia Estados Unidos.
Ejemplos de ello hay varios, la balacera en 1992 en la discoteca “Christine”, cuando El Chapo Guzmán intentó asesinar a los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix, hasta la reciente muerte Sandoval Díaz en diciembre de 2020, así como el secuestro y también asesinato de dos empresarios de Guanajuato.
Por ello, hacen responsables a Alfaro Ramírez y al presidente municipal de Puerto Vallarta, Jorge Quintero, sobre lo que pueda ocurrir en materia de seguridad tras esta decisión y, sobre todo, después de que los vallartenses siguen sin conocer resultados de las investigaciones en torno a los asesinatos de Sandoval Díaz y Tomé.
Jaime Santos, líder de la Canirac, pone en duda que se pueda continuar con un esquema coordinado como se hacía con el Capitán Viveros, “ya que fue muy poco el tiempo de su presencia”.
El representante de Coparmex señaló que “se quedaron muchos pendientes, como la construcción y puesta en marcha de un sistema de cámaras de vigilancia para el C4 y C5”. Todos ellos se sienten amenazados ante el hecho de que Puerto Vallarta es ahora la “manzana de la discordia” entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Aducen que recientemente la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, declaró a Puerto Vallarta como el bastión de operaciones de Gonzalo Mendoza Gaytán, también identificado como sucesor de Nemesio Oseguera El Mencho.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló también que la empresa “Agrícola Costa Alegre”, con sede en Puerto Vallarta, dirigida por el mexico-colombiano Carlos Rivera La Firma y Francisco Gudiño La Gallina, brindó apoyo financiero y tecnológico al CJNG, para realizar el atentado en Ciudad de México contra Omar García Harfuch, en junio del año pasado, y el crimen del ex mandatario estatal.
A estos operadores financieros del CJNG, la UIF les bloqueó sus cuentas bancarias en marzo pasado, y se supone son ya investigados por las autoridades mexicanas y de Estados Unidos. Este es el ambiente en Jalisco, uno de los 10 estados más violentos del país, “donde los policías municipales se convierten en grupos ejecutores de los cárteles de la droga”, acusan
SRN