La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentaron su propuesta de reforma al sistema de seguridad y procuración de justicia, el cual contempla 66 puntos; mismos que están divididos en ocho temas, entre los que destacan fortalecer a los poderes de justicia locales, así como a las instituciones de seguridad pública.
Las propuestas derivan de los 14 Encuentros Nacionales para una Agenda de Seguridad y Justicia que organizó el máximo tribunal de justicia del país y en los que participaron fiscales, legisladores locales y federales, presidentes de tribunales superiores de justicia, jueces y magistrados del orden común y federales, académicos, organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad.
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Entre las propuestas, sobresale emitir una Ley Nacional de Carrera Judicial que sirva para unificar las reglas y procedimientos de la votación en los poderes judiciales del país, para asegurar que el acceso y la promoción en los cargos, incluida la designación de magistrados, se realice a través de procedimientos que evalúen el perfil, conocimiento y competencias de los candidatos.
De acuerdo con el documento Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas, los planteamientos se dividen en las siguientes materias:
Ética y legitimidad judicial, fortalecimiento de los poderes judiciales locales, diseño normativo sustantivo y procesal, seguridad pública, investigación criminal, servicios forenses y periciales, defensoría pública, atención a víctima y ejecución penal.
Asimismo, se señala que es necesario aumentar el número de juzgadores en los poderes judiciales locales, priorizando las entidades con tasas más bajas de jueces por habitante o territorios más amplios.
También, que deben ponerse en marcha reformas a las constituciones locales y a las leyes orgánicas de los poderes judiciales que permitan establecer un sistema decarrera judicial.
Además, indica que es necesario impulsar reformas normativas en los estados que garanticen que los procedimientos disciplinarios contra juzgadores estén a cargo de una autoridad independiente de otros órganos con facultades de gobierno judicial, como son los Plenos de los Tribunales Superiores de Justicia y los Consejos de la Judicatura.
Materia de seguridad
En materia de seguridad pública, se plantea reorientar las políticas en la materia y promover la desmilitarización y garantizar la participación ciudadana en su diseño.
“Es importante que en el marco del mejoramiento del sistema de justicia se adecuen las políticas de seguridad en el país para que contribuyan a la construcción de confianza entre la sociedad y las fuerzas de seguridad civil. Esto pasa por promover la observancia constitucional y avanzar hacia una paulatina menor intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, así como garantizar la participación ciudadana en la elaboración, implementación y monitoreo de las políticas de seguridad para asegurar que las comunidades más afectadas por la violencia puedan expresar su voz”, detalla.
De igual manera, busca que todos los funcionarios que llevan a cabo detenciones de cualquier naturaleza, ya sea penal o administrativa, cumplan con la obligación de inscribirlas en el Registro Nacional de Detenciones, y que todos los funcionarios civiles y militares hagan lo mismo.
Se plantea modernizar los Centros de Comando y Control respuesta rápida a incidentes de seguridad y establecer un mecanismo nacional de certificación de instituciones policiales para que las fuerzas de seguridad del país operen con estándares de profesionalismo, eficiencia y respeto a los derechos humanos.
Implementar una estrategia integral de lucha contra la trata de personas que incorpore datos desglosados por sexo y edad sobre las víctimas de trata y el alcance de este fenómeno particular para fines distintos de la explotación sexual.
Abandonar el enfoque punitivo de la política hacia el uso de drogas y el narcomenudeo y buscar alternativas para la detención, porque diversos organismos internacionales, han señalado que una estrategia de combate armado contra el mercado de drogas contribuye al aumento de la violencia.
“A la fecha, dicha estrategia no ha reportado beneficios palpables, por lo que resulta pertinente su evaluación”, puntualiza.
La Corte y el CJF también señalan que se debe desarrollar un sistema nacional de prevención y protección para todos los operadores de justicia; y revisar y reformar el marco normativo e institucional de la política criminal vigente en el país.
Agregan que se debe implementar medidas efectivas para mejorar el control de armas de fuego, enfocadas en el control riguroso de las fronteras y aduanas del norte mediante una mayor vigilancia y cooperación con el país vecino y los estados fronterizos.
Norma Piña anuncia propuesta de la Corte
¿Qué dice sobre la prisión preventiva?
Proponen que México debe buscar la eliminación de las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa en virtud de su incompatibilidad con las obligaciones convencionales asumidas.
“Asimismo, es importante ajustar la interpretación de las normas relativas a la flagrancia, especialmente la flagrancia por señalamiento, para evitar que su aplicación derive en detenciones arbitrarias”.
Crear una Ley General de Servicios Forenses que instaure una institución nacional de servicios forenses
Sobre las judicaturas
En tanto, el CJF presentó el Documento análisis Jornadas Nacionales, el cual establece que la reforma judicial no debe ser drástica, sino que se debe atender todo el sistema de justicia que abarca fiscalías, defensorías, poderes judiciales locales, administración, disciplina, carrera judicial, capacitación y, procesos de nombramiento de los titulares.
RM