El delito de extorsión ha sido el único que no ha podido disminuir durante el presente sexenio, admitió la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera del martes.
Por ello, propuso una reforma constitucional que enviará próximamente al Congreso de la Unión como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
“Cuando hay una denuncia de extorsión, el objetivo es que se persiga de oficio, eso significa que la víctima no es solamente quien recibió la extorsión, sino el Estado mexicano se asume como víctima y atiende el delito”, explicó Sheinbaum.
Esto luego de que, previamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que en todo México hay ocho entidades que representan más del 50 por ciento de las extorsiones a nivel nacional. Estas son:
- Guanajuato
- Estado de México
- Nuevo León
- Ciudad de México
- Veracruz
- Jalisco
- Guerrero
- Michoacán
¿Qué es la extorsión?
De acuerdo con información de la extinta Policía Federal, el delito de extorsión inició cuando, en el año 2000, el servicio telefónico se amplió, pues mediante llamadas o mensajes de texto los delincuentes planteaban escenarios que supuestamente incluían situaciones de riesgo o peligro para la posible víctima y/o sus familiares.
EL DATO¿Qué es la extorsión?
De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión, considerada como un delito de alto impacto, la comete “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial…”.
Desde entonces y hasta la actualidad, dicho ilícito se ha transformado y adaptado a distintos escenarios, como el ahora conocido "cobro de piso".
Sin embargo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, indicó que las llamadas de extorsión continúan siendo los principales delitos que persiguen en el país actualmente.
¿Cómo se castiga la extorsión en México?
De acuerdo con la ley, aquella persona que cometa el delito de extorsión se le aplicarán penas de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días de multa.
"Las penas aumentarán hasta un tanto más si se realiza por una asociación delictuosa, un servidor público, ex servidor público, miembro o ex miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas.
"Adicionalmente se impondrá al servidor o ex servidor público y al miembro o ex miembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o comisión público y si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, reserva o activo, la baja definitiva de la Institución a la que pertenezca, así como la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos".
EHR