“Si hubieran tenido la oportunidad, esos [policías] nos habrían matado. Tiraron balazos a diestra y siniestra sin importar las familias completas y mujeres que estaban en la explanada”, relata Cecilia, periodista quintanarroense y sobreviviente del 9N.
Ella, como decenas de otras mujeres que se manifestaron el 9 de noviembre de 2020 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, fue agredida por una horda de al menos 70 policías municipales quienes trataron de asesinarlas disparándoles a quemarropa.
“Nos atacaron con todo lo que traían: palos, toletes, escudos. Nos decían que nos iban a matar”, dice Wendy, activista feminista quien recibió dos impactos de arma de fuego durante la protesta que tenía como propósito exigir justicia contra el feminicidio de Bianca Alejandrina, joven estudiante de preparatoria.
Las personas que no lograron escapar de la plaza pública fueron golpeadas, detenidas y torturadas al interior de la comandancia. De las 13 víctimas identificadas, sometidas a tratos crueles e inhumanos por los agentes de policía, sólo una es del sexo masculino, mientras que el resto son mujeres de 19 a 47 años.
Una de ellas fue María, joven sometida a tortura sexual durante su detención en los separos municipales, vejaciones perpetradas en lo que recuerda como la primera manifestación de su vida y de las cuales las mujeres son las principales víctimas.
“Al escuchar que estaban violando a mis compañeras supe que estábamos en el mismo infierno dentro del palacio municipal”, refirió Julián, director del colegio en el que estudiaba Bianca Alejandrina, quien también fue privado de su libertad y cuyas heridas requirieron de cirugía facial reconstructiva.
Para las personas afectadas por la represión, la justicia se ha mantenido inerte. Hasta ahora, a más de un año de las agresiones, ningún policía o mando operativo ha sido detenido o sancionado.
Un trayecto cuesta arriba
En relación con el proceso que denominan “plagado de simulación e inconsistencias”, los miembros del Comité de Víctimas del 9N narraron los múltiples obstáculos enfrentados en su lucha por justicia ante las instituciones de Quintana Roo.
Aunque las denuncias contaban con acusaciones de violencia sexual, ésta no fue considerada por la Fiscalía General del Estado, ni se analizó la privación ilegal de la libertad o la tentativa de feminicidio en contra de las manifestantes. Por el contrario, el órgano ministerial se limitó a perseguir los delitos de lesiones, abuso de autoridad y robo.
Entre los servidores públicos imputados se encuentran el entonces secretario de Seguridad Pública municipal, Eduardo Santamaría Chávez; el subsecretario Roberto Molina Morales, el director Carlos López Tejeda, seis funcionarios más con facultades de coordinación y dos elementos operativos.
Foto: Cuartoscuro
A pesar de que el Poder Judicial solicitó la aprehensión de 10 de estos funcionarios, a la fecha las determinaciones no han sido ejecutadas. Las razones que motivaron a la fiscalía para omitir la investigación de otros tipos penales o para retrasar la detención de estos agentes permanecen desconocidas.
Este equipo de reporteros contactó a Mónica de Ávila Lozano, directora de Comunicación Social de la Fiscalía General estatal para obtener una versión oficial respecto a la dilación en el caso, sin obtener una respuesta favorable.
No obstante, está demostrado que las autoridades señaladas como responsables continúan en libertad. Así lo confirmó Flor Ruiz Cosío, secretaria general del ayuntamiento de Benito Juárez, quien informó por escrito que si bien el juzgado impuso la medida cautelar de prisión preventiva contra los citados elementos, estos “no se encuentran detenidos”.
Lo anterior también se corroboró a través del Registro Nacional de Detenciones, ya que al ingresar el nombre de los servidores públicos al portal, éste no arroja ninguna coincidencia.
En materia administrativa tampoco existen sanciones. De acuerdo con información recabada vía transparencia, ninguna dependencia del Estado ha fincado responsabilidades intra-institucionales contra los elementos involucrados. A nivel estatal, a pesar de que el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Capella, anunció su renuncia días después de la represión, ésta se concretó hasta junio de 2021.
Además de la ausencia de medidas para investigar y sancionar el origen de las agresiones, la falta de respuestas es una constante. Ello resulta especialmente preocupante a nivel estatal, pues, de conformidad con el convenio firmado entre el gobierno del estado y la alcaldía que gobernaba Mara Lezama, desde 2019 el Mando Único quintanarroense es el responsable de dirigir las políticas de seguridad pública en Benito Juárez. Esto quiere decir que, legalmente, cualquier operativo realizado con elementos municipales se encuentra bajo responsabilidad directa de la administración que encabeza el gobernador Carlos Manuel Joaquín González.
Al igual que la fiscalía, el área de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del estado no brindó información relacionada con los hechos, pese a la solicitud realizada para esta publicación.
Aunque la dependencia mostró documentos que establecen la apertura de procedimientos internos contra nueve de sus elementos, éstos se iniciaron siete meses después de que ocurrió el operativo. Y, tras meses de sustanciación, no ha sido posible imponer las sanciones correspondientes.
Del total de los agentes involucrados, sólo dos se encuentran sujetos a un proceso administrativo de remoción, puesto que la Comisión del Servicio de Carrera, Honor y Justicia de Benito Juárez determinó la suspensión para el resto de los agentes hasta que concluya el proceso penal y se resuelva su situación jurídica. Lo anterior, a pesar de que se trata de procedimientos de naturaleza completamente independiente.
La información otorgada por Flor Ruiz Cosío revela que, a la fecha, sólo ha causado baja laboral el ex secretario de Seguridad Pública municipal, Eduardo Santamaría; otros seis se encuentran bajo la figura de “suspensión preventiva sin goce de sueldo”, y dos continúan en activo. Por los actos del 9N, ninguno ha sido sancionado.
El incumplimiento de esta obligación de investigar también configura el desacato de los puntos reparatorios dictados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDH) para el caso concreto, en los que subrayó la necesidad de “iniciar de manera inmediata y hasta su conclusión” los procedimientos internos de responsabilidad en contra de las autoridades correspondientes.
Marco Antonio Tóh Euán, ex presidente de la institución, informó que hasta junio de 2021 el ayuntamiento fue omiso en cumplir con nueve de los 10 puntos reparatorios contenidos en la recomendación 20/2020, razón por la cual se requirió en su momento la comparecencia de la entonces alcaldesa, Mara Lezama, ante el Congreso del estado.
La comisión refirió que el ayuntamiento actualizó el cumplimiento extemporáneo de cinco resolutivos más, mientras sigue pendiente la determinación de los expedientes internos, la instalación de un monumento histórico, la disculpa pública a las víctimas y la creación de un grupo policial especializado en manifestaciones.
El ex ombudsperson quintanarroense manifestó que menos del 33 por ciento de las autoridades recomendadas cumplen con la determinación de individualizar la responsabilidad administrativa al interior de sus corporaciones. La alcaldía de Benito Juárez no ha sido la excepción.
La institución que ha logrado permanecer exenta es la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Aun cuando se comprobó tanto su participación aquel lunes 9 de noviembre como su responsabilidad operativa en virtud del Mando Único, continúa impune: no existen investigaciones en su contra ya sea desde la Fiscalía General o la Comisión local de Derecho Humanos.
Al respecto, la CEDH indicó que la ausencia de determinaciones hacia esta dependencia atiende a que no logró comprobarse su participación en las violaciones cometidas durante la protesta. Ello, pese a que la Sección II, fracción Quinta, inciso B) del convenio de coordinación firmado entre el los ejecutivos del Estado establece textualmente que el municipio de Benito Juárez delega al gobierno de Carlos Joaquín González la aplicación de “las políticas de seguridad y los instrumentos, medidas y acciones necesarias para preservar el orden público”.
“Es una verdadera vergüenza. Los patrones de conducta implementados por la policía revelan no sólo que no está preparada para atender casos de violencia social, sino que está capacitada para exceder el uso de la fuerza permitido y generar terror entre la población como método disuasivo”, mencionan de manera anónima integrantes del Comité de Víctimas del 9N.
Deterioro de las prácticas policiales
Las víctimas comentan que en una mesa de trabajo con autoridades estatales y municipales advirtieron que la ausencia de acciones para detener este tipo de comportamientos derivaría en una persona muerta. Meses después, policías municipales de Tulum cometieron el feminicidio de Victoria.
Entre 2015 y 2020, la CEDH registró tres quejas por homicidio, 111 por lesiones, 845 por abuso de autoridad, 574 por tortura y 4 por desaparición forzada contra agentes estatales, municipales y ministeriales.
Este aumento en la incidencia encuentra reflejo en el número de recomendaciones emitidas por violaciones perpetradas por agentes de policía, alcanzando el 51 por ciento del total de las resoluciones generadas durante 2020.
“Las denuncias por el desempeño de quienes se encuentran en la función policial es una constante. Sin embargo, el aumento de las quejas obedece principalmente a las actuaciones y omisiones de los agentes de seguridad pública municipal”, comentó Marco Antonio Tóh Euán.
De nueva cuenta, el ayuntamiento de Benito Juárez no ha sido la excepción, ya que es la segunda autoridad con más quejas acumuladas ante la CEDH por violaciones a la libertad y la integridad personal, la tercera por actos de tortura y la segunda más recomendada por la misma causa en el periodo analizado.
Durante 2020 fue la dependencia con más investigaciones iniciadas por actos de tortura y detenciones ilegales, la segunda con más quejas por lesiones físicas y desaparición forzada de personas y fue investigada en uno de los dos expedientes radicados por el fallecimiento de personas en el ejercicio de la fuerza pública.
En consonancia con la tendencia estatal, esta alcaldía mostró un incremento anual en los actos de brutalidad cometidos por los agentes de seguridad pública del municipio, transitando de 29 violaciones registradas en 2015 a 89 en 2020.
El Poder Judicial quintanarroense indicó vía transparencia que, en el periodo 2015-2020, sólo ejercitó una acción penal por homicidio, nueve por lesiones, 20 por abuso de autoridad y ninguna por tortura y desaparición forzada al cuestionarle los casos abiertos contra fuerzas policiales. Sin embargo, en ningún caso se obtuvo una sentencia condenatoria.
Sistematización de la tortura
En Quintana Roo, la tortura se comete bajo el manto de la impunidad penal y administrativa. Todo esto sucede a pesar de que se trata de un delito que se ha imputado a miembros de todas las corporaciones de policías de la entidad.
Mientras el órgano ministerial no especificó contra cuáles instituciones fueron abiertas investigaciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos indicó que las dependencias con el mayor número de señalamientos son las policías municipales con 350 expedientes, la ministerial con 146 y la estatal con 78.
En el mismo sentido, a pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública estatal fue notificada sobre la apertura de investigaciones vía CEDH por posibles actos de tortura cometida por sus agentes, de acuerdo con información recabada vía transparencia, ésta no inició ningún expediente ni aplicó sanciones de carácter administrativo a través de su dirección de asuntos internos.
Lo anterior pese a que desde 2011 el estado de Quintana Roo cuenta con disposiciones legales específicas para la prevención, sanción y erradicación de este delito en el desempeño de los integrantes de las corporaciones policiales y de seguridad pública.
Para la maestra en criminología y doctora en derecho público, Mónica Franco Muñoz, la problemática estructural de brutalidad que enfrenta el estado de Quintana Roo encuentra sus raíces en una cultura de abuso de poder.
“La forma en que se transmiten las órdenes, en que el operativo que las recibe, sean de la gravedad que sean, debe acatarlas porque provienen de un determinado mando, esa es la cultura que debemos transformar”, expone.
Subrayó la importancia de realizar una reingeniería en las pruebas de control y confianza. “No basta con investigar si los elementos consumen drogas o si tienen aptitudes físicas, lo que queremos saber son temas de valores éticos, como qué percepción tienen de las mujeres, si poseen una construcción de odio hacia ciertos grupos o si la discriminación es una práctica constante en sus vidas”.
Quintana Roo es uno de los estados donde la brutalidad policial se ha incrementado notablemente en los últimos tres años, de acuerdo con las cifras de las autoridades locales. En esta entidad los policías disparan a quema ropa, cometen actos sexuales y recurren a la tortura como ocurrió en Cancún en la manifestación del 9N por el feminicidio Bianca Alejandrina, y donde por varios minutos las mujeres participantes de la protesta pensaron que las iban a matar. A más de un año de que ocurrieron estos hechos no hay justicia para ellas.
*Esta investigación se realizó como parte de la Convocatoria 2021 del Programa Piloto de Apoyo al Periodismo en México de la UNESCO. Su contenido es responsabilidad de los autores, quienes formaron parte de la Unidad de Investigación de ONEA México. Editor del Programa: Francisco Sandoval Alarcón.
DMZ