Un juez federal vinculó a proceso a Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex dueño de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), Ficrea, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por 185 millones 41 mil 280 pesos.
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal en el reclusorio Sur, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó datos de prueba que hacen presumir que es responsable de dicho acto ilícito.
Ante esta situación, el juzgado decretó prisión preventiva, ante el riesgo fundado de fuga y porque no tiene un domicilio cierto, y el único que tenía está asegurado.
Además, tiene acceso a recursos económicos que le facilitarían abandonar el territorio nacional; porque existen más investigaciones en su contra y se han cumplimentado otras órdenes de captura.
El juez otorgó a la FGR y a la defensa tres meses para que lleven a cabo su investigación complementaria.
Los fiscales señalaron que Rafael Antonio Olvera manifestó en su declaración fiscal consistente en el Impuesto Sobre la Renta en 2013 ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, toda vez que declaró haber recibido 10 millones 270 mil 132 pesos, pero la autoridad fiscalizadora detectó que obtuvo 627 millones 75 mil 333 pesos, con lo cual dejó de pagar el ISR por 185 millones 41 mil 280 pesos.
El jueves de la semana pasada, el gobierno de Estado Unidos deportó a México al ex dueño de Ficrea en el Puente de Lincoln-Juárez, que une a las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La FGR ejecutó dos órdenes de aprehensión más contra Olvera Amezcua, una de las cuales es por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 230 millones de pesos.
Funcionarios del gobierno federal dejaron claro que hasta el momento no se ha cumplimentado la orden relacionada con el fraude de más de 7 mil millones de pesos, asunto en el que fueron defraudadas miles de ahorradores.
Las órdenes de captura ejecutadas corresponden a jueces adscritos a los reclusorios Norte y Sur de la Ciudad de México.
Explicaron que el pasado sábado se celebró la audiencia relacionada con el caso por el presunto delito de lavado de dinero por 230 millones de pesos, mandamiento judicial que fue otorgado a la FGR por el juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales.
JLMR