Dan prisión preventiva a ex dueño de Ficrea tras ser deportado de EU

Rafael Antonio Olvera Amezcua comparecerá ante un juez el lunes, quien determinará si es vinculado a proceso.

EU deporta a México a ex dueño de Ficrea y lo entrega a la FGR
Rubén Mosso
Ciudad de México /

Un juez federal decretó prisión preventiva contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex dueño de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), Ficrea, quien fue imputado esta madrugada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por 185 millones 41 mil 280 pesos.

El próximo lunes se reanudará la audiencia donde se determinará si es vinculado a proceso, porque el empresario solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica.

A petición de la fiscalía, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal en el reclusorio Sur, determinó que Olvera Amezcua debe permanecer en prisión ante el riesgo de que evada la justicia.

Lo anterior, porque no tiene un domicilio cierto, y el único que tenía está asegurado. Además, tiene acceso a recursos económicos que le facilitarían abandonar el territorio nacional y porque existen más investigaciones en sí contra.

También tiene diversas órdenes de aprehensión que implicaría su inmediata detención por otros hechos.

Los fiscales mencionaron que el empresario manifestó en su declaración fiscal consistente en el Impuesto Sobre la Renta (ISR)en 2013 ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, toda vez que declaró haber recibido 10 millones 270 mil 132 pesos, pero la autoridad fiscalizadora detectó que obtuvo 627 millones 75 mil 333 pesos, con lo cual dejó de pagar el ISR por 185 millones 41 mil 280 pesos.

Ayer, el gobierno de Estado Unidos deportó a México al ex dueño de Ficrea en el Puente de Lincoln-Juárez, que une a las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Contra Olvera Amezcua existen diversas órdenes de aprehensión, entre ellas, por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Es señalado de supuestamente defraudar a más de seis mil personas, en su mayoría adultos mayores. Se presume que desvió más de 7 mil millones de pesos, dinero que era de los ahorradores.

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