Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex dueño de Ficrea, Sociedad Financiera Popular (Sofipo), fue deportado por Estados Unidos a México. La Fiscalía General de la República (FGR) buscaba extraditarlo al existir al menos cinco órdenes de aprehensión en su contra por diversos delitos, entre ellos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El hombre fue entregado a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de esta dependencia, en el Puente de Lincoln-Juárez, que une a las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Ficrea, entre operaciones irregulares
En diciembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino Ficrea, debido a que triangulaba recursos a través de una de sus subsidiarias, lo que evitaba al organismo regulador saber el origen de los mismos.
El entonces presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, aseveró que esta intervención tenía como principal objetivo preservar los recursos de los ahorradores, derivado de las operaciones irregulares que efectuaba la institución financiera no bancaria.
Los representantes legales de las personas defraudadas por Ficrea entregaron un escrito en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir que el máximo tribunal del país atrajera el caso y se les devolviera el cien por ciento de lo que ahorraron.
¿Quién es Rafael Antonio Olvera Amezcua?
En febrero de 2020 un Tribunal Federal ordenó la aprehensión de Rafael Antonio Olvera Amezcua, acusado de delitos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Olvera Amezcua fue detenido en mayo de 2019 en el estado norteamericano de Texas, tras cinco años de permanecer prófugo; dos meses después llegó a un acuerdo para que se concluyera una demanda que tenía en Miami desde 2016. La parte demandante buscaba recuperar 153 propiedades adquiridas en la Unión Americana.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles de la familia Olvera en su territorio, así como cuentas bancarias personales y de empresas relacionadas.
Rafael Antonio Olvera Amezcua es presunto responsable de defraudar a más de seis mil personas, en su mayoría adultos mayores mediante Ficrea.
El ex socio mayoritario de Ficrea fue acusado por la FGR como probable responsable de delitos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por operaciones con recursos de procedencia ilícita por 3 mil 407 millones 746 mil 322 pesos.
Rafael Antonio Olvera Amezcua era poseedor de 49 de las 50 acciones que conforma la sociedad Leadman Trade, y aquel en que se protocolizó la constitución de Baus and Jackman Leassing.
También que en Leadman, Amezcua era accionista mayoritario, presidente del consejo de administración y apoderado para actos de dominio. Así como accionista mayoritario y administrador único de Baus. Con base en estos indicios, se cree que las empresas Leadman y Baus, fueron creadas por Amezcua para triangular recursos entre éstas.
Hace unas semanas, Olvera Amezcua se amparó contra la orden girada por Sonia Lilia Rodríguez Zetina, jueza Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, dentro de la causa penal 100/2014, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 230 millones de pesos, a raíz de la compra de 11 inmuebles con dinero de los ahorradores defraudados.
Sin embargo, la FGR consiguió cuatro órdenes de aprehensión más. Las nuevas órdenes corresponden a las causas penales 523/2021, emitida por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur; la 222/2019, del juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. De igual manera, la 436/2019 correspondiente al juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México y la 248/2021, también de un juez de control en la capital del país.
La correspondiente a la causa penal 248/2021, es por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado por toda la operación de Ficrea y Leadman Trade, donde se reclama un lavado de dinero por 7 mil 500 millones de pesos.
Con información de Rubén Mosso y Notimex
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