Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, rechazó librar una orden de aprehensión contra la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien fue señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con registros judiciales, la resolución fue emitida el pasado 3 de abril en acato a la sentencia de un Tribunal Colegiado que confirmó un amparo concedido en primera instancia.
El Tribunal Colegiado ordenó reponer el procedimiento y con libertad de jurisdicción determinar si procedía o no librar la orden de captura, o si la ex funcionaria debía ser citada a una audiencia para ser notificada sobre la existencia de la orden.
Asimismo, que el juez analizará de nueva cuenta la petición de la fiscalía, para establecer las circunstancias de tiempo, modo y forma en que supuestamente se cometieron los hechos.
“Los agravios que hacen valer los recurrentes principales, a mi juicio, no combaten las consideraciones que sustentaron la concesión del amparo, toda vez que los ministerios públicos, ya sea el adscrito a la Unidad Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, así como el Ministerio Público adscrito al juzgado de origen, se limitan a repetir las consideraciones que vertió la autoridad responsable, al dictar la resolución. Con independencia de que este tribunal pudiera o no compartir la decisión que adoptó el juez de distrito para conceder la protección de la justicia, la misma debe ser confirmada por la inoperancia de los agravios de los recurrentes principales”, detalló el Tribunal.
Ahora, en cumplimiento al fallo protector, el juez de control notificó al juzgador de amparo de la resolución dictada el 3 de abril, “por la cual se negó la orden de aprehensión contra Rosario Robles por su probable intervención en los hechos con apariencia de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultar, encubrir o pretender ocultar o en encubrir”.
Pese al fallo, el juzgado de amparo se llevará unos días para analizar la decisión del juez de control, para determinar si la sentencia se cumplió en los términos que se le ordenó.
En este caso, el Ministerio Público Federal señaló a la ex secretaria por su presunta participación en el lavado de dinero, a través de “factureras”, de 77 millones 847 mil pesos que la Sedesol pagó a la Universidad Autónoma de Morelos.
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