Para Hilda Georgina Hernández, doctora en Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, la interacción social entre el ciudadano y la autoridad está corrompida, por la desconfianza que generan las campañas de desprestigio publicadas en redes sociales y que son lanzadas en contra de agentes de tránsito y de corporaciones policiacas.
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“Uno de los principales factores de estos comportamientos sociales que terminan en violencia, son el reflejo de la inseguridad, la falta de legitimidad del ciudadano hacia la autoridad”, explicó Hernández, quien dedujo que la conducta del hombre debe ser regulada bajo reglamentos o leyes, con la finalidad de establecer orden, tranquilidad y certeza jurídica.
Examinó que tanto el ciudadano, como el agente de tránsito, policía y funcionario, juegan dos roles muy distintos que detonan en el respeto y la obediencia, por una parte, el ciudadano ejerce sus derechos y obligaciones y por la otra, la autoridad aplica la ley en caso de ser violentada.
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“Dentro de las formulaciones que el ciudadano plantea desde su criterio, es que la razón le pertenece, aunque sepa que ha cometido una falta al reglamento o haya violado la ley, por lo que sobaja al policía o al agente de tránsito y crea en su mundo que no debe obedecer a la autoridad, por razones de ilegitimidad”, expuso.
Dentro sus análisis, Hernández explicó que viene generada de una cultura histórica, en la que el mismo ciudadano corrompe a la autoridad policiaca y lo hace partícipe de un acto deshonesto al sobornarlo, por lo que el ciudadano determina que la autoridad funciona con estas acciones impropias.
“La legitimidad describe en este contexto que el ciudadano deposita en el soberano, su capacidad de poder y acepta que el otro en este caso la autoridad, lo dirija y lo controle, ya que lo cree en cierta forma”, enfatizó.
Argumentó que el ciudadano acepta las reglas, ya que le conviene que la sociedad en conjunto funcione en orden y en equilibrio, pero ocurre lo contrario, se genera un proceso desconfianza porque no reconoce ese poder legítimo que el mismo le ha otorgado.
“Aquí se genera una controversia que el mismo ciudadano la ha generado, le otorga el poder y acepta acatar las leyes, pero a su vez las cuestiona y las desobedece”, aclaró.
DERECHOS HUMANOS
Con respecto a los Derechos Humanos, algunos ciudadanos los anteponen como manera de justificación al cometer una infracción al reglamento o en efecto al cometer algún delito que quebrante la ley.
Hernández mencionó que la información emitida por estos organismos es bastante buena y aceptable, por lo que se debe de interpretar con un razonamiento certero para no confundir estos derechos, como estandarte de lucha y cerrazón.
Comentó que en ocasiones esas formulaciones bajo criterio, el justificar alguna falta social empobrece y lastima a la sociedad, ya que se produce un modelo de justificación donde al final no tiene sustento.
“El individuo tiene razonamiento, coherencia y lógica, pero al interpretar bajo su criterio propio fundamentos establecidos por la ley, conduce al engaño y a la mentira, que se manifiesta en enojo, ira y violencia”, detalló.
Puso en claro que el uso de la fuerza es legítima bajo una normativa, cuando el infractor manifiesta a través de la violencia física su malestar por la aplicación de la ley.
“Este uso de fuerza tiene que estar justificado y sustentado ante un hecho coherente”, dijo, pero es complicado hacer uso de esta fuerza cuando se rompe el diálogo y el respeto ante un oficial de tránsito o de la policía.
Concluyó que en la enseñanza básica se debe contar con “educación cívica”, tal como hace algunos años la incluían, ya que hoy en día la pérdida de valores se manifiesta en la conducta violenta del individuo.
“Esto puede estimular estos valores de tolerancia y sería loable diseñar cursos contenidos meramente de comportamientos cívicos, encaminados a la sana convivencia e interacción con la sociedad en conjunto y sobre todo el respeto a la ley que está legitimado por el mismo ciudadano”, finalizó.