El juez de control federal que vinculó a proceso penal al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y que ordenó al gobierno de Chihuahua entregar al ex secretario general del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, fue cambiado de jurisdicción, como parte la rotación de jueces que realiza el Consejo de la Judicatura Federal.
Funcionarios judiciales informaron que Gerardo Moreno García, juez de Distrito del Centro de Justicia Penal en la Ciudad de México, encabezará a partir del próximo 1 de junio el Centro de Justicia Penal Federal de Tapachula, Chiapas.
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El cambio de jurisdicción no afectará los casos de Duarte o de Gutiérrez, ya que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, son diversos jueces los que conocen de un mismo asunto.
Los funcionarios consultados manifestaron que el traslado de Moreno ya estaba programado, como parte de las reglas internas de la Judicatura, con las que se busca evitar que los jueces creen vínculos con las partes, razón por la cual se ordenan rotaciones periódicas.
En abril pasado, el juez Moreno determinó que a la justicia federal corresponde juzgar a Gutiérrez, así como a los priistas Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles por un presunto delito de peculado por 250 millones de pesos.
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Su resolución provocó el enojo del gobernador de Chihuahua, Javier Corral; el pronunciamiento del juzgador fue ratificado por un tribunal federal.
Corral acusó a los magistrados de tratar de “cubrir con el manto de la impunidad” los delitos cometidos por Gutiérrez y por los demás priistas, para que solo sean juzgados por la justicia federal.
A través de un video y de mensajes en Twitter, Corral señaló: “Es sintomático que Gerardo Moreno García, juez defensor del ex gobernador Javier Duarte de Veracruz, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, atraiga también el caso de Alejandro Gutiérrez, (Antonio) Tarín y (Gerardo) Villegas (Madriles), cómplices de César Duarte. La trama alcanza al propio @EPN” (sic).
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que ayer desechó el recurso de Corral, con el cual pretendía echar abajo la decisión del tribunal colegiado; sin embargo, el acuerdo de la Corte deja claro que en la resolución de conflictos competenciales, las decisiones de los Tribunales Colegiados son inatacables.