Ministras niegan suspensiones por difusión de revocación de mandato

Marko Cortés, líder del PAN, ha manifestado que esperan que la Corte declare inconstitucional esta reforma que busca cambiar las reglas del juego.

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Rubén Mosso
Ciudad de México /

Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó otorgar una suspensión a los partidos políticos que conforman la alianza Va Por México, quienes solicitaron suspender el decreto que permite la difusión por parte de los servidores públicos de la consulta para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hace unos días, la ministra admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que interpusieron los representantes del PRI, PAN y PRD, con la cual buscan que se impida publicitar el ejercicio de revocación.

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó sin efecto el decreto, pero Va Por México solicitó a la Corte que suspenda sus efectos hasta que se determine si es constitucional.

Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional (PAN), declaró el 23 de marzo que esperan que la Corte declare inconstitucional esta reforma que busca cambiar las reglas del juego.

“Esto es absolutamente inaceptable, estamos en medio de una consulta tergiversada de la revocación de mandato que el propio presidente de la República impulsó, que ellos mismos aprobaron, pero que ahora al ver el desinterés de la sociedad en participar en esta gran farsa están cambiando las reglas del juego para que los funcionarios de Gobierno destinen su tiempo, que deberían destinarlo a darnos resultados para hacer promoción para que la gente vaya a votar en esta falsa consulta de revocación de mandato en lo que hoy es más bien una ratificación de mandato”, declaró.

Por su parte, la ministra Margarita Ríos-Farjart negó otorgar la suspensión dentro de la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados, con la cual pretendía que se frenara el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar propaganda gubernamental que se difunde en internet y redes sociales.

Asimismo, rechazó dar atención prioritaria a esta controversia, tal y como lo solicitó Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El acuerdo fue aprobado por la  comisión del INE el 18 de febrero.

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