Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial del PAN, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) desistirse de la acusación en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.
Aseguró que los señalamientos en su contra hechos por Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y testigos sobre un soborno de 6 millones 800 mil pesos que supuestamente recibió, son “falsos”, “absurdos”, “incongruentes” y “carentes de toda lógica”.
En un escrito dirigido a la FGR, el panista, a través de su abogado Eduardo Aguilar Sierra, enlistó 12 “aspectos a considerar” con los que buscaba probar que las acusaciones en su contra “jamás ocurrieron y mi representado no cometió delito alguno”.
En particular, para buscar desmentir la entrega del soborno, Anaya Cortés y su abogado se basaron en una respuesta a una solicitud de información por transparencia realizada el 15 de julio de 2021 a la Cámara de Diputados.
Esto ocupó cuatro de los 12 puntos que desarrolló en un escrito entregado al titular de la Unidad de Investigación encargada de su caso, Kristian Jiménez Hernández.
El primero se trata de la fecha de la supuesta entrega del soborno, pues en “la primera semana de agosto de 2014", Ricardo Anaya ya no era diputado federal; pidió licencia al cargo para competir por la Secretaría General del PAN, por lo que desde el 6 de marzo de 2014 dejó de ser legislador.
“No tiene sentido que mi defendido estuviera en la Cámara de Diputados en la primera semana de agosto de 2014, dado que ya no trabajaba en ese recinto y ya no tenía acceso a las instalaciones”, enfatizó en su escrito a la FGR el abogado Aguilar Sierra.
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Soborno en el estacionamiento
Al remitirse a dicha solicitud de información por transparencia, el defensor legal de Anaya Cortés aseguró que la Cámara de Diputados no cuenta con “algún registro en la Dirección General de Resguardo y Seguridad relativo al ingreso por un acceso peatonal o vehicular de los señores Norberto Gallardo, Osiris Hernández o Ricardo Anaya (involucrados en la supuesta entrega-recepción del soborno) en el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 10 de agosto del año 2014”.
El segundo “aspecto a considerar” que pidió Ricardo Anaya fue el lugar de la supuesta entrega del soborno, que, de acuerdo con la acusación en su contra, ocurrió en el estacionamiento subterráneo de la Cámara de Diputados.
Al referirse de nueva cuenta a la respuesta a la solicitud de información por transparencia, el abogado Eduardo Aguilar dijo que la Cámara de Diputados sostuvo que Ricardo Anaya ya no tenía acceso al estacionamiento, tras haber solicitado licencia al cargo.
“Aprobada la licencia del entonces diputado Ricardo Anaya Cortés, así como la toma de protesta de su suplente, Ana Paola López
Birlain, se procedió a dar de baja el corbatín número 469, así como a inhabilitar la tarjeta de proximidad identificada con folio de lote 46936”, detalla el oficio DGRS/LXIV/085/2021, fechado el 12 de agosto de 202114, de la Cámara de Diputados, del cual MILENIO tiene copia.
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El tercer argumento que dio Ricardo Anaya es la puerta por la que Norberto Gallardo, escolta de Emilio Lozoya y que supuestamente entregó el soborno, y quien declaró haber entrado conduciendo un vehículo tipo Charger blanco por un acceso por la calle Emiliano Zapata.
“Es falso que exista un acceso vehicular para visitantes sobre la calle Emiliano Zapata. Los accesos vehiculares para visitantes se encuentran sobre las calles Eduardo Molina y la calle Sidar y Rovirosa. Puedo asegurarlo porque así lo comunicó la Cámara de Diputados en respuesta a la solicitud de información”, subrayó el abogado del panista.
El cuarto punto dado a la FGR por el ex candidato presidencial y su defensor legal es el cargo de la persona que supuestamente entregó el soborno, pues Norberto Gallardo fue identificado como miembro del Estado Mayor Presidencial.
Pero, en el artículo tercero, numeral 7 de los Lineamientos para la Asignación, Uso y Control de los Estacionamientos del Recinto Legislativo De San Lázaro, se aclara la prohibición al ingreso “a los estacionamientos a vehículos que realicen funciones de escolta con personal armado o que pertenezcan a agrupamientos policiacos, salvo autorización de la Presidencia de la Mesa Directiva o por instrucciones de ésta a la Secretaría General”.
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