No existe un riesgo latente, ni siquiera remoto, de que exista una orden de aprehensión contra la maestra Elba Esther Gordillo, aseguró Marco Antonio del Toro, defensor de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
“La maestra Gordillo, le puedo confirmar no tiene ninguna orden de aprehensión, ni ningún riesgo latente, ni siquiera remoto”, dijo.
Del Toro mencionó que a raíz de la liberación de la maestra, se promovieron más de 40 amparos “buscadores” porque la Procuraduría General de la República mantuvo escondidas diversas investigaciones.
“Tan es así, que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal cuando resolvió el recurso de revisión 152/2016, puso un cuadro donde señala en su sentencia 26 escritos de la defensa, para poder ejercer derechos de defensa en la averiguación previa y que PGR hizo caso omiso, y que a pesar de ello la mantuvieron escondida y la consignaron.Por consiguiente dijo el Tribunal Colegiado que se había violado el debido proceso y todas sus pruebas fueron declaradas ilícitas. Ante esa circunstancia, eso nos obligó a presentar más de 40 amparos”, explicó.
Entre dichos amparos, comentó, están los que está semana han aparecido en la lista de acuerdos judiciales, uno de ellos contra una supuesta carpeta de investigación y otro cotra una presunta orden de aprehensión, actos que realmente no existen.
“Lo único que tienen como propósito es como un amparo buscador, lo cual no significa que se tema nada, ni que exista nada, es un procedimiento estándar que cualquier abogado debe organizar cuando se obtiene la libertad definitiva y la inocencia del cliente”, mencionó el litigante.
El pasado 7 de agosto, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, ordenó la liberación de la maestra porque la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actuaron de manera ilegal para acusarla de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por mil 978 millones de pesos.
Las pruebas que recabaron ambas dependencias no se obtuvieron con el aval de una orden judicial, violando así el secreto bancario; además, no existió una denuncia por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que asegurara que la maestra estaba desviando recursos del gremio.
jbh