Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, mientras se resuelve su situación jurídica, por lo que permanecerá interno en el penal federal de “El Rincón”, en Tepic.
Durante la audiencia inicial, donde la FGR imputó a Sandoval Castañeda por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el juez federal determinó que Lidy Alejandra Sandoval López, hija del ex mandatario, permanezca en libertad hasta el próximo 12 de junio.
Sin embargo, deberá colocársele un brazalete electrónico y pagar una fianza de un millón y medio de pesos, informó su abogado José Luis Nassar Daw.
Consultado sobre la audiencia, indicó que tanto el padre como su hija solicitaron la duplicidad del término constitucional para aportar pruebas que les permitan desvirtuar la imputación que realizó la Fiscalía General de la República (FGR), la cual los señaló como probables responsables del mencionado ilícito
El delito no amerita prisión preventiva oficiosa, pero la FGR expuso al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Nayarit que existe riesgo fundado de fuga del ex gobernador, por el poder económico con que cuenta. Por este motivo, pidió que se le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Por su parte, funcionarios del gobierno federal recordaron que existen órdenes de aprehensión libradas por jueces locales de Nayarit, mismas que en cualquier momento pueden ser cumplimentadas por la Fiscalía Local. El próximo 12 de junio se reanudará la audiencia donde se determinará si el ex gobernador y su hija son vinculados a proceso.
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Roberto Sandoval y su hija Lidy Alejandra fueron aprehendidos ayer en un inmueble que se localiza en las inmediaciones del municipio de Linares, Nuevo León.
El operativo fue coordinado por la FGR, en el cual participó personal de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Tras ocho meses de seguimiento se dio cumplimiento a la orden de aprehensión. Los trabajos de investigación permitieron identificar al menos 40 domicilios en las entidades de Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México, donde se presumía que podían estar ocultos.
En marzo, la FGR hizo público que obtuvo la orden de aprehensión contra el ex gobernador y Lidy Alejandra, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en agravio de las finanzas públicas de la entidad que encabezó.
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