Un juez federal ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión librada contra la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Eutimio Ordoñez Gutiérrez, juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, amparó a la ex funcionaria federal porque el juez de control que ordenó la captura no fundó y motivó su resolución.
El fallo ordena al juez de control que emita otra resolución y de manera fundada y motivada acredite la necesidad de cautela, así como la “existencia” de los mencionados delitos y su probable intervención de Rosario Robles en estos.
Ordoñez Gutiérrez dejó claro que “la concesión del amparo es para efectos de vicios formales por lo que no vincula a negar en automático la orden de aprehensión sino realizar un nuevo estudio de la solicitud de orden que presentó la fiscalía con libertad de jurisdicción por la responsable”.
La Fiscalía General de la República (FGR) ya interpuso un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, el cual determinará si confirma, revoca o modifica la sentencia.
La orden de captura fue librada el 31 de octubre de 2020 por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, la cual extrañamente nunca fue cumplimentada por la FGR.
En el expediente judicial se menciona que el juez de control consideró que la FGR acreditó la necesidad de cautela, debido a la capacidad económica de los indiciados en dicha causa peal, así como su facilidad de abandonar el país y sustraerse de la acción de justicia.
“A juicio de este juzgado, estas razones expresadas por el juez responsable son insuficientes para considerar que la resolución reclamada está suficientemente fundada y motivada en cuanto a la existencia de necesidad cautela”, puntualizó Eutimio Ordoñez.
El juzgador mencionó que tampoco es suficiente para librar una orden el monto del daño patrimonial del delito investigado, lo cual sería contrario al principio de presunción de inocencia, ya que implicaría que en todos los casos en los que se investiga un delito pecuniario exista necesidad de librar una orden de captura.
La FGR aseguró que no solo existe peligro de que Rosario Robles huya de la justicia, sino que también pueda “obstaculizar” la investigación, además de su “desmesurada capacidad económica” y por representar un riesgo para los testigos.
El juez de control primero consideró que el máximo de la pena y la prohibición de sustitutivos no eran factores válidos para determinar la necesidad de cautela, pero luego se refirió únicamente a la capacidad económica como factor determinante para librar la orden; empero, no precisó qué constancias sometidas a su consideración por la fiscalía eran las que consideró para establecer esta capacidad económica de las personas indiciadas, en específico de la quejosa; es decir, con qué datos de prueba estimó acreditada la capacidad económica de la solicitante y por qué consideró que esta capacidad le permitiría abandonar el país o permanecer oculta.
En la imputación, la FGR subrayó que, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2015, Rosario Robles fungió como secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y del 27 de agosto de 2015 al 30 de noviembre de 2018, ostentó el cargo de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Lo anterior, según la FGR, lo aprovechó para establecer los mecanismos de contratación ilícitos necesarias para realizar los actos que la fiscalía señala se conocen como “Estafa Maestra”, consistentes en llevar a cabo la adjudicación directa de contratos a entes públicos como son Universidades Públicas y Entidades de Radio y Televisión de los Estados.
Asimismo, que las obligaciones contraídas por las Secretarías de Estado que representaba implicaban la subcontratación en un porcentaje mayor al 49%, mismas que se realizaron con empresas privadas que, en su mayor parte, son de las denominadas empresas “fachada”,
El pasado 24 de febrero, Roberto Paredes Gorosrieta Femat, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, exoneró a Rosario Robles del presunto delito de uso indebido del servicio público, por ser supuestamente omisa de un presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos.