La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, investigar y dar con los responsables de haber falsificado una licencia a su nombre, documento que propició que permanezca en prisión por supuestamente dar datos falsos sobre su domicilio.
La petición de la ex funcionaria derivó porque la fiscalía capitalina decidió archivar la carpeta de investigación CI-FSP/B/UI-B-3 C/D/019178/12-2019 que inició a partir de la denuncia presentada en noviembre de 2019, por el delito de “falsificación de documento”.
Rosario Robles demandó a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos reiniciar la investigación contra quien o quienes resulten responsables de falsear la licencia de conducir que la llevó a prisión.
El documento fue utilizado como dato de prueba por la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso que se le sigue por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido del servicio público, por ser supuestamente omisa de un desvío de más de 5 mil millones de pesos.
En un escrito firmado por la ex funcionaria federal y presentado ayer por el despacho de abogado Mendieta & Medina, la ex secretaria exigió al agente del Ministerio Público, José de Jesús Díaz Gutiérrez, adscrito a la Unidad de Investigación D-3 de la FGJ CdMx, “se sirva ordenar la práctica de los actos de investigación solicitados de forma profesional, técnica y legal”.
Rosario Robles solicitó también “se remita copia auténtica de la carpeta de investigación a la Unidad de Asuntos Internos de esa Fiscalía, para que realicen una investigación sobre el ilegal actuar del licenciado Luis Villegas Bautista, agente del Ministerio Público, así como del licenciado Alfredo Pérez Rojas, responsable de Agencia, quienes en fecha 12 de noviembre del 2021, decidieron remitir la carpeta de investigación a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público con propuesta de archivo temporal”.
Para la ex funcionaria, presa desde hace dos años y ocho meses en el penal de Santa Martha Acatitla, y acusada de un delito que no ameritaba prisión preventiva, la decisión de ambos funcionarios fue una “determinación totalmente contraria al contenido de todas y cada una de las constancias que obran dentro de la carpeta de investigación en que se promueve, que se traduce en una violación de las garantías de debida fundamentación y motivación, al no haberse cumplido con los principios de congruencia y exhaustividad. Promoviendo la impunidad al negarse al esclarecimiento de los hechos”.
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El texto exige también que se abstenga de continuar realizando actos que con llevan a la obstaculización de la procuración de justicia a la que tiene derecho dejándola en un pleno estado de indefensión.
En el documento, del que se adjunta copia a la titular de la fiscalía capitalina, Ernestina Godoy, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros funcionarios; Rosario Robles subraya hay datos suficientes para continuar la investigación, y para establecer con exactitud si fue Pánfilo Escobedo Beltrán o Raúl Alberto López Vega, quien con el uso de su clave expidió la licencia falsa.
LP