Rosendo Gómez, abogado de Mónica García Villegas, directora del colegio Enrique Rébsamen, fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI), de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El reporte policial señala que personal de la institución cumplimentó una orden de aprehensión contra el litigante este martes, siendo detenido a las 11:28 horas en colonia El Capulín, alcaldía Tlalpan, en tanto ya fue ingresado al reclusorio Sur donde un juez de control lo requiere.
La Fiscalía General de Justicia capitalina informó que el litigante fue señalado por su probable participación en el delito de ejercicio ilegal del servicio público, cuando se desempeñó como funcionario de la Secretaría de Movilidad.
De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, de la Coordinación General de Investigación Estratégica, el ilícito podría haberse registrado en 2016, cuando Rosendo Gómez se desempeñó como servidor público en la Semovi.
Tras la denuncia, presentada en noviembre de 2018, se llevaron a cabo los actos de investigación correspondientes y se solicitó la orden de aprehensión contra él.
Mónica García Villegas fue sentenciada a 36 años de prisión por homicidio culposo en agravio de 26 personas tras el colapso del colegio en el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Luego de conocerse el fallo de 31 a 36 años de cárcel para su clienta, señaló en entrevista que "estaríamos viendo cómo el Poder Judicial, que es autónomo de la Ciudad de México, está en comunicación directa con la fiscalía, que se supone también es autónoma y coludidos con la Jefatura de Gobierno".
"¡Qué aventurados! Si lo están haciendo así, están haciendo una ilegalidad (...) promoveríamos un juicio de amparo y también tendríamos que ver las formas en las que se dio esa notificación y si hay responsabilidad administrativa o incluso penal para algún funcionario público, ya sea del tribunal o de la propia fiscalía, tendríamos que acudir a la Fiscalía General de la República a hacer patente que hay alguna filtración de la información y eso hace pensar o suponer que hay algún tipo de corrupción, o de línea", dijo a MILENIO el 19 de agosto pasado.
El abogado señaló que en este fallo “hay un tema de ignorancia” y si los magistrados pusieron una sentencia de 36 años, considero denunciarlos “por ignorancia inexcusable” al poner una pena, dijo, fuera de parámetro ya que la sentencia máxima debía ser de 20 años.
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