Rosendo Gómez, abogado de Mónica García Villegas, dueña del Colegio Enrique Rébsamen, descartó que su detención el pasado 28 de septiembre haya sido "por venganza o cacería" y aseguró ser inocente y no tener ninguna responsabilidad penal.
El litigante dejó en claro que él fue aprehendido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su probable participación en el delito de ejercicio ilegal del servicio público, cuando se desempeñó como funcionario de la Secretaría de Movilidad (Semovi), por lo que el caso no guarda relación con el de su clienta, quien fue sentenciada a 36 años por homicidio culposo.
"No puedo pensar o no puedo señalar que esto sea una venganza o una cacería, puesto que sería perder la fe en las instituciones de la Ciudad de México y como abogado no puedo permitirme eso. Debo dejar claro que este asunto no está relacionado con el tema del colegio Rébsamen, son asuntos diferentes. Aunque por las fechas y las modalidades podrían levantar suspicacias, insisto, debo dar el beneficio de la duda a las instituciones y respetarlas", manifestó.
El día de los hechos fue ingresado al reclusorio Sur y, como MILENIO dio a conocer, abandonó éste al día siguiente cerca de las 16:00 horas tras una audiencia en la que se determinó ponerlo en libertad y en la cual se fijaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
A decir del litigante, el día de su detención los elementos de la Policía de Investigación "cumplieron con su trabajo, no me dieron un trato privilegiado ni tampoco me dieron un trato incorrecto", mientras que en el reclusorio, "ahí las instalaciones están en las que todos conocemos".
El abogado fue señalado de presuntamente haber firmado un oficio sobre el cual supuestamente no tenía facultades cuando era servidor público en la Semovi.
De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, de la Coordinación General de Investigación Estratégica, el ilícito podría haberse registrado en 2016, cuando Rosendo Gómez se desempeñó como servidor público en la Semovi.
Tras la denuncia, presentada en noviembre de 2018, se llevaron a cabo los actos de investigación correspondientes y se solicitó la orden de aprehensión contra el abogado, quien fue localizado y asegurado en la alcaldía Tlalpan.
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Rosendo Gómez comentó hoy que las autoridades lo señalaron por supuestamente él suscribió un oficio "a principios de 2017 en la Secretaría de Movilidad y señalan que no contaba con competencias o atribuciones para realizarlo".
"La realidad es que fui servidor público en la Secretaría de Movilidad, del 2016 al 2018, y ese oficio forma parte de un sin número de oficios que llegué a realizar como servidor. Obviamente y desde el inicio durante todo este tiempo sostengo que soy inocente y no tengo ninguna responsabilidad penal", dijo.
El 30 de septiembre, la fiscalía capitalina informó que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Rosendo Gómez y se determinó que el imputado deberá cumplir con la presentación semanal en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (USMECA) y la prohibición para salir del país, así como para acercarse o comunicarse con otra persona que es investigada.
"La ministerio público expuso su teoría, la cual fue suficiente para que me vincularan a proceso por el delito, sin embargo, cuando se vino la discusión de la medida cautelar, si bien la ministerio público sostenía la necesidad de una prisión preventiva justificada, le hice conocimiento que no era necesaria y que yo podía estar en libertad y siempre me ha mantenido como una persona honorable".
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