La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que fueron sancionadas 35 personas servidoras públicas y tres empresas por irregularidades detectadas en distintas dependencias federales, con inhabilitaciones de hasta 15 años, destituciones, suspensiones y multas económicas que en conjunto superan los 67 millones de pesos.
La dependencia señaló que, conforme a la Constitución y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las sanciones por faltas graves fueron impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mientras que las correspondientes a faltas no graves fueron determinadas por la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de sus órganos internos de control.
Entre las resoluciones por faltas graves destacan sanciones contra exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) por irregularidades relacionadas con la operación y resguardo de aeronaves, así como pagos por servicios no recibidos.
Además de una inhabilitación de 15 años a un servidor público del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por omitir informar a un paciente sobre los riesgos de un procedimiento quirúrgico.
Asimismo, fueron sancionados exservidores públicos de Alimentación para el Bienestar y tres empresas por autorizar pagos de productos sin evidencia de entrega y por utilizar contratos para fines distintos a los establecidos, con multas económicas solidarias que suman decenas de millones de pesos. También se impusieron sanciones en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y Servicio Postal Mexicano (Sepomex) por pagos indebidos y conflictos de interés.
En cuanto a las faltas no graves, la secretaría informó que se aplicaron sanciones a personal de Pemex, la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el IMSS, por conductas como acoso sexual, incumplimiento de funciones, uso indebido del cargo, conflictos de interés y faltas de respeto en el ámbito laboral.
La dependencia subrayó que las personas sancionadas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones y aseguró que defenderá las determinaciones "con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas".
Asimismo, la Secretaría Anticorrupción reiteró su llamado a denunciar cualquier conducta contraria a la legalidad, la integridad y la ética en el servicio público.
ROA